En sendos escritos en los que hace una exposición de los "gravísimos hechos", Rodríguez pide la depuración de las oportunas responsabilidades de los convocantes de la concentración por incumplir los extremos de la autorización administrativa.

En este escrito, se obligaba, entre otras cuestiones, a "no perturbar el libre ejercicio por los demás ciudadanos de sus derechos y libertades y para hacer posible la prestación de servicios públicos esenciales y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

Asimismo, solicita que no vuelvan a autorizarse este tipo de manifestaciones frente a la Cámara regional durante la celebración de sesiones plenarias, con el objetivo de preservar el libre ejercicio de los derechos constitucionales de los diputados y el normal funcionamiento de la Asamblea.

Rodríguez ya denunció a finales de la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción los hechos ocurridos dentro y fuera del Parlamento en la tarde del jueves, por si pudieran ser constitutivos de delito según los artículos 494 y 497 del Código Penal.