En este juicio, que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la fiscalía solicita ocho años de prisión mayor para cada uno de los inculpados.

En la sesión de hoy, tanto Elosúa como Arratíbel aseguraron que no cobraron por las gestiones efectuadas. Elosúa reconoció que recibió un cheque de un millón de psetas de la familia Revilla como agradecimiento, que no rechazó "por cortesía".

El ex parlamentario de HB afirmó que su actuación en este caso fue meramente profesional y negó que mantuviera contactos directos con la banda terrorista ETA, aunque reconoció que sí los tuvo con el abogado fallecido Antonio Ibarguren, quien le aseguró que ETA había exigido a la familia 2.000 millones de pesetas por la liberación de Emiliano Revilla y que finalmente rebajó la cifra a 850 millones.

Elosúa declaró sentao al lado de su abogado, Miguel Castells, debido a su condición de letrado. Apoyándole, en la sala se encontraban una veintena de abogados, vestidos con sus togas, entre los que se podía ver a 'Txemi' Gorostiza, Kepa Landa y Arantxa Zulueta.

Por su parte, el industrial Francisco Arratíbel, que declaró sentado en el banquillo de los acusados, dijo que se negó reiteradamente a participar, pero que el también empresario, hoy fallecido, Iñaki Aseguinolaza le indujo a hacerlo.

Arratíbel añadió que en ste caso actuó presionado y por miedo, ya que recibió amenazas de muerte para él y su familia por parte de ETA. "Yo sé que ETA cumple sus amenazas", dijo, al recordar que en 1978 él mismo recibió dos tiros de miembros de ETA al haberse negado su padre a pagar el 'impuesto revolucionario'.

En la sesión de mañana, que comenzará a las 9,30, declararán el propio Emiliano Revilla y el primer representante de la familia en esta intermediación, Miguel Gil Lausaque.

El secuestro de Revilla fue el más laro en la historia de ETA, 249 días, y el más accidentado, ya que cuando se iba a efectuar un primer pago del rescate la policía francesa interceptó los 750 millones pagados por la familia.

ETA culpó a la familia Revilla de esta incautación y elevó el rescate. Para conseguir la liberación del industrial, la familia pagó 600 millones en el mes de julio y otros 600 en octubre de 1988, días antes de su liberación.