Así se expresó Saiz en una comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre las políticas de migraciones y pensiones que se están llevando a cabo desde el departamento que dirige.

La ministra señaló que el último informe sobre previsiones de envejecimiento de la Comisión Europea recogía que el 20% de los españoles ya tiene 65 años o más, cifra que pasará a ser del 33% en 2050.

Dicho informe, tras incorporar los últimos datos observados del PIB tras la corrección del INE de septiembre de 2023, estima que el gasto medio en pensiones en el periodo entre 2022 y 2050 llegaría al 15,1% del PIB, solo una décima más que el tope fijado por la reforma de pensiones. “Ahora bien, hay que ser conscientes de que al ser un informe planteado con una metodología homogénea tiene inevitablemente ciertas limitaciones”, precisó la ministra.

La primera limitación, en opinión de Saiz, es que el informe “parte con un desfase temporal que en algunos casos lleva a utilizar datos desactualizados”. De acuerdo con el procedimiento estándar, los supuestos macroeconómicos del informe son discutidos y aprobados en la primavera del año anterior al informe (julio de 2023) en base a las previsiones de primavera (mayo de 2023).

“Y aquí las revisiones del PIB ocasionadas por la pandemia impactan de manera significativa en esta edición”, añadió la ministra, quien resaltó el “buen comportamiento” de la economía española en los últimos tiempos, “lo que le hace quedar más desfasado aún”.

FLUJOS MIGRATORIOS

Asimismo, la ministra indicó que una segunda limitación de este tipo de informes es que no consideran las particularidades específicas del país, priorizando la aplicación de una metodología común. “Esto genera que España salga penalizada en algunas áreas. Un buen ejemplo es el caso de los flujos migratorios, donde de forma recurrente España es infraestimada mientras que se sobreestima a otros países”, lamentó.

Para la ministra, la tercera razón son las “debilidades predictivas” que implica realizar cualquier tipo de proyección económica con tanto antelación, ya que las circunstancias pueden ir cambiando.

Por ello, puso en valor la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno durante la pasada legislatura en varias fases, con acuerdo entre sindicatos y patronal en muchos casos. De hecho, este mismo miércoles los líderes de los interlocutores sociales firmaron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un nuevo paquete de medidas acordado en julio.

ENTORNO EUROPEO

En su alocución, Saiz explicó que muchos países europeos están realizando reformas de pensiones, pero solo seis de ellos incorporaron este elemento en sus planes de recuperación: España, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Grecia y Rumanía. “Y ninguno de ellos incluye un conjunto de medidas de tanto calado ni una reforma tan estructural como la que planteamos en nuestro país”, ensalzó.

Por otra parte, la ministra repasó medidas de la reforma de pensiones como la revalorización de las prestaciones con el IPC; incentivos para favorecer el alargamiento de las carreras profesionales; el refuerzo de la ‘hucha’ de las pensiones, y una cláusula de cierre para evaluar cada tres años la situación del sistema, entre otras.

En este sentido, destacó que las estimaciones elaboradas por la Seguridad Social muestran que el gasto continúa en “niveles razonables y las medidas están teniendo buenos resultados”. De hecho, sostuvo que el escenario macroeconómico actual (especialmente el empleo) y el nivel de gasto en pensiones son mejores que los pronosticados para 2023.

EFECTOS POSITIVOS

Igualmente, aprovechó para subrayar los efectos que las medidas de la reforma de pensiones están ya teniendo, pues la edad de jubilación real se sitúa ya en 65,2 años, mientras caen las jubilaciones anticipadas y aumentan las demoradas. “La reforma está funcionando y cambiando de forma innegable los patrones de jubilación”, sentenció.

Y, en este sentido, celebró que “las reformas aprobadas son socialmente sostenibles y con un grado de consenso desconocido desde hace más de una década”, un elemento que calificó de “muy importante”, porque garantiza su aplicabilidad en el corto, medio y largo plazo.

“No debemos subestimar este elemento, ya que se trata de una lección que debemos aprender del fracaso de la reforma de 2013”, reflexionó la ministra, quien criticó que “rompió los consensos y ni siquiera pudo ser aplicada por quienes la promulgaron, lo que constata su fracaso”.