Apelando a su conocimiento del funcionamiento interno de la institución, Hernández fue "totalmente tajante" al afirmar que Cándido Conde-Pumpido "ha actuado con plena autonomía y no por instrucción del Gobierno" en el recurso contra el auto del TSJ de Valencia que sobreseyó la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el marco del "caso Gürtel".

"Yo no recuerdo ninguna instrumentalización política de la Fiscalía, ni en mi época ni en ninguna posterior", aseveró Hernández, quien, según sus propias palabras, pasó por ser un fiscal general "manipulado" por el Gobierno.

"Eso fue lo que trascendió mediáticamente, lo que la derecha propagó en su momento, y yo sigo diciendo 14 años después que no recibí ninguna orden de Felipe González ni de ningún ministro", manifestó.

El que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciara el recurso antes que el propio fiscal no cambia la opinión de Eligio Hernández: "El fiscal se lo comunicó al ministro de Justicia y éste informaría a la vicepresidenta", opinó. "Toma una decisión e informa al Gobierno, que es lo que establece el Estatuto (del Ministerio Fiscal)".

Hernández imagina que Conde-Pumpido decidiría el recurso "después de haberlo estudiado sus asesores o la Fiscalía de Valencia". Pero expresó su "seguridad de que ha sido autónoma y no por orden del Gobierno, que es legalmente imposible que se produzca. No es que lo suponga; estoy absolutamente seguro de que no ha habido ninguna orden o petición, como quiera llamarse".

PRÉDICA EN EL DESIERTO

El ex fiscal general asume que predica "en el desierto", porque "todo el mundo se cree que, cuando la Fiscalía actúa, es porque la instrumentaliza el Gobierno, cosa que no es cierta", no sólo estatutariamente, sino porque el artículo 27 del Estatuto permite a un fiscal desobedecer una instrucción del fiscal general "si estima que es contraria a la ley", lo que obligaría a someterla a la Junta de Fiscales de Sala.

Otro argumento de Hernández es que el Gobierno de Zapatero, al "limitar el mandato del fiscal y las causas de cese", ha hecho que en la UE no haya "fiscal general tan autónomo del Ejecutivo como el de España". "Y después de haberlo hecho, no va a incurrir en la ilegalidad de darle una orden", razonó.

Hernández entiende que se trata de "un problema político, porque en el mundo occidental no hay fiscal general que no sea designado a propuesta del Gobierno". Por eso, vaticinó que, "mientras la democracia no madure", siempre será "un instrumento que tiene la oposición para atacar el Gobierno, sobre todo si (aquélla) es de derechas".

Pese a todo, el ex fiscal general no cree que la solución esté en que el fiscal deje de ser nombrado por el Gobierno. "¿No es nombrado por el Parlamento el Defensor del Pueblo y sin embargo a veces se dice qus sus actuaciones son por orden del Gobierno? La polémica va a ser igual", argumentó.

Además, en su opinión, "que el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal no tengan que tener ninguna conexión con el Gobierno es una quimera". Como ejemplo, Eligio Hernández recordó el primer CGPJ, que fue elegido sólo por jueces y magistrados. "¿Y eso hacía que no fueran políticos? Eso no se lo cree nadie". Todos los jueces "tienen una filiación política, aunque no formal. Son criptomilitantes", concluyó.