Salgado hizo estas declaraciones en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, durante una comparecencia solicitada por el Grupo Popular.

En respuesta a la petición de la creación de un fondo de garantías, Salgado aseguró que el Gobierno debe aprobar medidas apoyadas por el conjunto de la sociedad, y no solo por los afectados por el presunto desfase patrimonial de las empresas intervenidas.

Según la ministra, "la mayoría de los ciudadanos no desea que sus impuestos financien una garantía de este tipo con carácter retroactivo para personas que han asumido un riesgo en busca de una mayor rentabilidad".

Salgado afirmó que "no debemos olvidar que se trata de una presunta comisión de delitos que afectan a miles de personas y por una cuantía de centenares de miles de euros".

Por ello, salgado lamentó que a veces se olvide que los responsables son los presuntos delincuentes que han cometido estos graves delitos y aseguró que "existen indicios de actuaciones destinadas a la obtención de beneficios a costa del vaciamiento de las sociedades intervenidas".

Por otro ladom la ministra anunció algunas de las medidas que maneja el Gobierno para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

Así, aseguró que el Gobierno presentará en un breve plazo de tiempo una propuesta de modificaciónnormativa, en el plano mercantil, civil y de protección de los consumidores y usuarios; sobre la comercialización de bienes tangibles.

En cuanto a este tipo de sociedades Salgado reiteró que "no son entidades de crédito ni servicios de inversión colectiva y no deben serlo, ya que se trata de una simple actividad comercial con bienes tangibles".

Asimismo, la ministra anunció una batería de medidas orientadas a aumentar la transparencia de estas sociedades y la seguridad de sus clientes. Concretamente, destacó la implantación de garantías obligatorias como los seguros de caución que ahora son optativas, la mejora de los mecanismos de información y publicidad y el control de las sociedades mediante la creación de un registro obligatorio.

Por su parte, el senador popular José Seguí lamentó que el Gobierno, siendo consciente del problema, haya mantenido una actitud pasiva que ha permitido que muchos "inversores de nuevo cuño" hayan sufrido esta crisis cuando podían haberlo evitado.

Asimismo, acusó al Gobierno de haber sido negligente al no haber comunicado las actuaciones legales contra Forum y Afinsa a las Comunidades Autónomas, que son las competentes en la materia de consumo.

Finalmente, calificó como "tímidas" las medidas anunciadas por Elena Salgado y le recordó que "el Estado está para ayudar en situaciones sangrantes para muchos inversores y trabajadores", por lo que el Gobierno debe reconsiderar su actitud de no responder económicamente a los afectados.