Según un comunicado remitido por Agricultura, la ministra estuvo acompañada en su intervención por el consejero de Agricultura de Aragón, Gonzalo Arguilé, en representación de las Comunidades Autónomas.

En su intervención, contestando a un cuestionario de la Presidencia sobre la comunicación de la Comisión sobre la reforma, Elena Espinosa aseguró que el arranque incontrolado de viñedo puede causar daños medioambientales y sociales irreversibles en amplias superficies, en las que este cultivo ha configurado tradicionalmente la economía, el paisaje y la cultura del medio rural.

También indicó que la supresión drástica, sin transición alguna, de las medidas de regulación de mercado, con las que el sector ha venido contando desde hace mucho tiempo, dejaría totalmente desarmadas a las administraciones para poder paliar los efectos de las variaciones estacionales de la producción, tan típicas del sector.

Asimismo, aseguró, podría tener efectos imprevisibles sobre las estructuras de producción y de transformación, sobre los mercados tradicionales de bebidas espirituosas, los nuevos mercados en expansión de zumo se uvas y el propio sector del vino, que tendría que gestionar importantes volúmenes que ahora tienen salidas diferentes a la producción vinícola.

Por todo ello, Espinosa reiteró su preocupación por la consideración del arranque de viñedos como la medida central propuesta por la Comisión y señaló que considera necesario que se amplíen las medidas que podrían abordarse dentro de los ámbitos nacionales, estableciendo aquellas que faciliten un mayor protagonismo del sector en la adaptación a un escenario de competitividad creciente, así como de facilitar las salidas comerciales de los productos de la viña.

Sin embargo, la ministra aseguró que España comparte los objetivos propuestos en la reforma, en el sentido de orientar la producción al mercado y mejorar la competitividad del sector.