El representante del Ministerio de Industria señaló, al término de una comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Estado, que las críticas de las empresas eléctricas a la nueva normativa contable, no estaban justificadas y responden a un mal entendido.

Pérez Cimarro explicó que el plazo de tres años fijado para ordenar el sistema de previsión de estas empresas no exige dotar los fondos en ese período, sino decidir cómo quieren gestionarlos; "si quiere hacerlo ellos mismos, pero al margen de su cuenta de resultados, o si desean cederlos a una entidad privada", recalcó.

El secretario general de la Energía, que dijo haber mantenido esta mañana una reunión con representantes del sector, señaló que "el entuerto ya se ha deshecho", y que la única negociación posible será la que se produzca dentro de tres años para ver cómo dotan las eléctricas con dinero sus fondos de pensiones".

Según los representantes de la patronal eléctrica Unesa, la medida exgirá al sector unos desembolsos superiores a los 20.000 millones de pesetas, cantidad que deberán asignar a los fondos de pensiones de sus empresas en el calendario que se decida, una vez hayan optado por el modelo de gestión que desean.

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Pérez Cimarro señaló, también, que el ministerio de Industria no se ha planteado la posibilidad de recoger "de forma especial" en las tarifas eléctricas del año que viene los sobrecostes generados en 1992 por la baja hidraulicidad, y las desviacione del IPC, por entender que todos esos supuestos están ya previstos en el marco legal estable, que ordena las relaciones del sector con los poderes públicos.

También dijo que las subidasde tarifas del año que viene estarán opor debajo del IPC previsto para el 93, en tronoa un 5 por cien, y que en cualquier caso el marco legal estable fija años medios tanto para el nivel de hidrasulicidad, como para las previsiones de inflación, y por lo tanto, no tiene sentido recoger de forma especial unas desviacioes en estos dos supuestos durante el año 92.

El responsable de Energía del Ministerio de Industria indicó que aún no está cerrada la negociación con las productoras eléctricas para amortiguar el sobrecoste de 74.000 millones de pesetas que supondrá para el sector la financiación de su deuda en divisas durante 1992, tras la devaluación de la peseta decidida por el Gobierno.

En este sentido, Pérez Cimarro recalcó la intención favorable del Ministerio de alcanzar un acuerdo que permita fijar un sisema de plazos, por el que las empresas puedan financiar esta deuda en moneda extranjera sin que la devaluación de la peseta, de hace un mes, repercuta desfavorablemente en su cuenta de resultados.