El subdirector general de la patronal eléctrica, Unesa, Mariano Cabello, dijo hoy que esos cálculos discrepantes provocan un desfase entre las estimaciones de gasto de las empresas y los previstos por el Gobierno de unos 73.000 millones de pesetas, por lo que consideran que el Ministerio de Economía debería corregir su propuesta, para no provocar un perjuicio mayor en las cuentas de resultados de la compañías.

Cabello dijo que los cálculos realizados por las empress del sector sobre la tarifa del año próximo propuesta por el Gobierno suponen una rebaja media de la luz en España del 2,22%, ya que a la reducción del 4% que se quiere aplicar para el recibo de los hogares, se contrapone una subida del 1,5% para los consumidores industriales.

Según las eléctricas, la rebaja que plantea el Gobierno supone para una familia media española un ahorro de 3.500 pesetas al año, grupo en el que se encuentran unos 20 millones de abonados, con un efecto sobre sus ingresos de uos 39.000 millones de pesetas, mientras que la subida que se aplicaría sobre los clientes industriales representa una mejora de unos 2.600 millones de pesetas.

Esta propuesta, señalan, esta realizada sobre cálculos irreales, ya que no se corrige la previsión de inflación prevista, la demanda eléctrica estimada se calcula sobre la del año pasado "que estaba inflada", y "se prevén unos costes de generación inferiores a seis pesetas, cuando en realidad están en casi ocho pesetas por kilowatio".

Las ompañías calculan que, con criterios más realistas que los empleados por el Ministerio de Economía, la tarifa de la luz debería subir este año un 3%, por lo que piden al Ejecutivo que corrija su propuesta para no causar un perjuicio mayor en sus cuentas de resultados, o se les compense con otros precios regulados que el Gobierno está a punto de regular.

El representante de Unesa hizo referencia a las tarifas de acceso de terceros a la red de distribución eléctrica, que el Consejo de Ministros se comprmetió a regular en los primeros días del próximo mes de enero.

Dichas tarifas deberán ajustarse a los costes reales de operación, dijo Cabellos, y si el Gobierno persiste en una rebaja del recibo cuando debería subir, tendría que compensarlo al fijar los peajes que los nuevos operadores sin red deberán pagar a los que sí la tienen para vender su electricidad a clientes finales.