El Gobierno aprobó el pasado 24 de febrero dos anteproyectos de ley que transponen sendas directivas comunitarias y que fijan la liberalización total de tarifas para el año 2008 en el caso del gas y 2011 en la electricidad.

Sin embargo, con el fin de proteger a los consumidores más vulnerables, el Gobierno seguirá fijando una tarifa denominada social, ligeramente más alta que la del mercado liberalizado, a la que se podrán acoger los consumidores domésticos y las empresas de menos de 50 trabajadores.

Fuentes de las eléctricas consultadas por Servimedia auguraron que los consumidores seguirán durante muchos años utilizando la tarifa que marque el Gobierno, aunque sea ligeramente más alta que la que se ofrezca en el mercado liberalizado.

Las eléctricas tampoco van a "pelear" por este tipo de consumidor, ya que la gestión comercial individualizada del cliente doméstico genera unos costes mayores que las ganancias a obtener.

Las empresas optan por mantener el sistema actual para el consumidor doméstico, en el que las tarifas las fije el Gobierno, estableciéndose sanciones por el déficit de suministro.

Donde sí se van a percibir avances es en el caso de las empresas, para las que las eléctricas preparan contratos bilaterales a largo plazo, aunque es algo que ya se puede hacer, recuerda el sector.

Las eléctricas negociarán con las empresas contratos de interrumpibilidad del servicio, pero "más sofisticados" que los existentes en la actualidad, donde hay empresas que pagan algo menos en el recibo a cambio de que sean las primeras a las que se les corte la luz en el caso de que haya una demanda muy alta.

El intercambio de información, con datos como los horarios de trabajo, las vacaciones o las puntas más altas de consumo, permitirán ofrecer un servicio casi a la carta y ajustar los precios, destacan las eléctricas, algo interesante comercialmente para hacer con las grandes empresas, pero no con los consumidores domésticos.