Según la documentación a la que ha tenido acceso Servimedia, entre la argumentación jurídicade los recursos presentados se aduce que la Administración no ha otorgado a las empresas eléctricas el derecho de audiencia que les da la ley, antes de aprobar la regulación recurrida.

Los tres primeros recursos han sido presentados, uno ante el Tribunal Supremo contra el decreto de tarifas de 1996 que dicta la "congelación" del precio de la luz para este año; otro ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que modifica algunos aspectos del Marco Legal Estable del sector eléctrico, y un tecero, tambien ante la Audiencia Nacional, contra la orden que traslada al Programa Estela del Ministerio de Industria los recursos que se extraen anualmente de la tarifa eléctrica para financiar proyectos de I+D en el sector.

El cuarto recurso ha sido remitido por UNESA ante el Ministerio de Industria contra la resolución de la dirección general de la Energía, del pasado 26 de enero, en la que se corrigen las desviaciones ocurridas sobre el cálculo de la tarifa eléctrica en 1994 y 1995.

Las elécticas, incluida la estatal Endesa, coinciden en señalar que su ofensiva jurídica "no responde a un oportunismo político, ante las expectativas de cambio de partido en el Gobierno, sino a la oportunidad legal que fijan los plazos, ya que si esperamos a después del 3 de marzo se nos hubiera pasado el período legal para recurrir".

Además, insisten en que "el recurso es un derecho que ampara a cualquier ciudadano o empresa ante la acción de la Administración, y en el caso de los que se han presentado, son na posibilidad contemplada por la propia ley que se ha incumplido".

"APROPIARSE DE LA TARIFA"

Otra de las contundentes acusaciones de las eléctricas al sector es la de "apropiación ilegal de parte de la tarifa eléctrica, para dedicarla a fines de investigación que pueden no ser eléctricos".

Esta denuncia tiene su origen en la reciente Orden de Industria que traslada a su Programa Estela, los fondos que cada año salen de la tarifa de la luz para financiar proyectos de investigación y desarrollo I+D) en el propio sector, unos 6.000 millones de pesetas anuales que hasta ahora se gestionaban con la participación de las empresas afectadas.

Para las eléctricas, esa orden vulnera el decreto del 18 de julio de 1980, que continúa vigente al no haber sido derogado, y por ello piden a la Audiencia Nacional que suspenda su aplicación mientras no resuelva el recurso.

Las compañías han advertido por escrito al ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, que no tome decisiones sobre el programa Esela que efecten a los fondos de la tarifa de la luz, mientras se tramita el recurso, ya que una resolución de ilegalidad supondría "la adopción, a sabiendas, de resoluciones que pudieran resultar injustas".

Asimismo, las eléctricas acusan al Gobierno de cometer una "infracción de la LOSEN", aprobada por el propio Consejo de Ministros, al no tener en cuenta que ninguna de las medidas recurridas se podía poner en marcha, ya que "la Disposición Transitoria Primera de la ley congela el ordenamiento vigent hasta que se produzca su desarrollo reglamentario".