Dicho informe, remitido por Conthe al jefe del gabinete del ministro de Economía, Carlos Solchaga, el 27 de junio de 1988, fue facilitado a los medios de comunicación por el secretario general del PP, Francisco Alvarez, durante una rueda de prensa.

E el informe utilizado como prueba por el PP, Conthe señala que las inversiones efectuadas en España por el grupo KIO fueron tramitadas, equivocadamente, como si fueran privadas y no procedentes de un estado extranjero.

En su opinión, no cabe ninguna duda de que las inversiones de KIO procedían de un Estado foráneo y que, por tanto, "entran de lleno en el ámbito de aplicación del régimen especial, lo que haría preceptivo su autorización por el Consejo de Ministros".

Sin embargo, constata que ningua de las inversiones de KIO fuero sometidas a la previa aprobación del Gobierno socialista, excepto la realizada en la Compañía Agrícola de Barbate S.A., que fue autorizada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 1983.

El entonces responsable de Transacciones Exteriores apunta en su escrito que sólo cabían dos posibilidades: "autorizar a posteriori las inversiones ya realizadas, o modificar la actual normativa".

Respecto a la primera opción, Conthe indica que "implicaría el público reconomiento de, por lo menos, cierta negligencia por parte de este Ministerio en la tramitación de mencionadas inversiones", pero evitaría su declaración de nulidad.

PREVARICACION POR OMISION

Alvarez Cascos esgrimió este informe como prueba de que Solchaga mintió al Parlamento y actuó en contra de la legalidad vigente, por lo que exigió que dimita o sea cesado por Felipe González.

Además, el PP entiende que también han incurrido en delitos de prevaricación el ex ministro de Defensa y actual vicepreidente del Gobierno, Narcís Serra, por no controlar las invesiones de KIO que afectaban al sector de la defensa nacional; el titular de Industria, Claudio Aranzadi, y el ex responsable de esta cartera y actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Luis Carlos Croissier.

La "responsabilidad en cascada" afecta también, en opinión de los populares, a los sucesivos secretarios de Estado de Comercio, Miguel Angel Fernández Ordóñez, Apolonio Ruiz Ligero y Miguel Angel Feito, así como a os directores generales de Transacciones Exteriores, Manuel Conthe, Luis Alcaide, Javier Fernández Méndez y Fernando Eguidazu.

Aparte de estas responsabilidades políticas, Alvarez Cascos señaló que existen pruebas suficientes para solicitar la nulidad de todas las operaciones financieras realizadas por KIO en España, por lo que el partido de José María Aznar recomendó al presidente del Gobierno que corrija la situación, para no incurrir en "prevaricación por omisión".

Sobre esta posibilidad, Alvaez Cascos señaló que el PP no acudirá a los tribunales a exigir responsabilidades penales hasta después de las elecciones del 6 de junio, para evitar que se interprete su actuación como electoralista.

No obstante, aclaró que el PP se reserva el derecho a presentar una demanda en los tribunales ordinarios, ya que no piensa entregar la documentación a la Fiscalía General del Estado, dado que no creen en la objetividad de su titular, Eligio Hernández.

Alvarez Cascos precisó que, de sus investigacions, no se desprende que las personas a las que acusan de prevaricación hayan incurrido también en delitos de cohecho, mediante la desviación deliberada de fondos.

LA RESPUESTA DE SOLCHAGA

Por su parte, Carlos Solchaga, en unas declaraciones efectuadas a Televisión Española, aseguró que no existió ninguna irregularidad en la aprobación de las invesiones de KIO en España.

Solchaga alegó que la autorización del Consejo de Ministros no era necesaria porque las inversiones procedían de países comunitrios, lo que hacía innecesario ese trámite.

Agregó que, en todo caso, si las inversiones hubiesen pasado por el Consejo de Ministros, hubiesen sido aprobadas sin problemas, ya que Kuwait es un gobierno con el que España mantiene relaciones amistosas.