Según estos datos, las elecciones municipales costarán al Estado un total de 13.000 mllones de pesetas, frente a los 16.400 de la pasada convocatoria. La mayor reducción del gasto se producirá en la partida destinada al pago de los funcionarios del Ministerio de Justicia e Interior.

En 1991 el pago de dietas de representantes de la Administración, de las Fuerzas de Seguridad, la campaña incentivadora del voto y la organización del recuento provisional costó más de 5.800 millones pesetas, cifra que ha quedado reducida a 3.500 millones este año.

Con los 13.000 millones de pesetas, nterior ha financiado, entre otras cosas, la impresión de 500 millones de papeletas y la instalación de 82.614 urnas, 49.713 cabinas y cerca de 49 millones de sobres confeccionados por la Administración del Estado.

Además, se han editado 748.000 manuales de instrucciones para aclarar las dudas de los 149.139 miembros de las más de 49.000 mesas electorales constituidas para el 28-M.

Todas las mesas cuentan con suplentes, que en esta ocasión alcanzan la cifra de 298.000. En cada una de las mesas elctorales habrá un representante de la Administración y todo el proceso estará supervisado por 1.200 funcionarios de las delegaciones del Gobierno y gobiernos civiles y por 300 funcionarios del Ministerio de Justicia e Interior.

También ha registrado una notable reducción el gasto en infraestructura electoral: edición de papeletas, impresos, sobres, cabinas, urnas, acondicionamiento de colegios electorales, etc., que supondrá alrededor de 1.900 millones, cuando en la anterior cita electoral municipal acendió a 3.300 millones de pesetas.

Aumentaron, sin embargo, los pagos a otros organismos como el Instituto Nacional de Estadística, Correos, Ministerio de Defensa y de Asuntos exteriores, que pasaron de 3.100 millones de pesetas a 4.100 millones.

Según la argumentación del propio Ministerio de Justicia e Interior, la reducción en los límites de los gastos se debe a la reforma de la Ley Electoral de 1994, que estableció la reducción de la campaña electoral a 15 días, la difusión de la campaña insitucional en espacios gratuitos en medios de comunicación públicos, la reducción del límite de gasto para los partidos y la prohibición de hacer propaganda mediante pancartas y banderolas fuera de los espacios reservados gratuitamente por los ayuntamientos.

El ministerio reconoce también que la actual situación de recorte presupuestario ha obligado a elaborar un presupuesto restrictivo para estos comicios.