A cambio de esta reducción de dinero público, los populares quieren "liberalizar" los donativos privados, que desgravarían hasta cierta cantidad, "estableciendo un límite" de dinero por donante. Las cuotas de los militantes también estarían sujetas a desgravación.

Los balances contables de los partidos, dice el PP, serían fiscalizados por el Tribunal e Cuentas, "previamente auditados por compañías de reconocido prestigio".

Por último, en materia de partidos, el PP pretende que se permita a las TV públicas y privadas emitir publicidad política -ahora prohibido por ley- y erradicar el transfuguismo modificando los reglamentos de todas las instituciones para impedir que quien sea elegido por un partido se pase a otro en medio de una legislatura.

Este último aspecto choca con una sentencia del Tribunal Constitucional, que estipula que los cargos úblicos son `propiedad' de los elegidos y no de las formaciones políticas. Una modificación como la que ahora propone el PP no se podría hacer mediante reforma legal común sino que obligaría a modificar la Carta Magna, según han señalado reiteradamente diversos expertos.

Para revitalizar la función de control del Parlamento, el PP asegura que hay que "primar" la discusión "política" sobre la "técnica", y permitir la creación de comisiones de investigación a petición de sólo tres grupos parlamentariosla cuarta parte de los diputados o senadores.

"COMISION DE LA CAMARA ENTERA"

Además, los populares quieren obligar a los ministros a comparecer "sin dilaciones" y crearán una "Oficina técnica de control presupuestario", vinculada a las Cortes, que haga posible una "vigilancia efectiva" de la aplicación de los Presupuestos generales del Estado.

Con el fin de que las discusiones de proyectos legislativos en comisión parlamentaria y en pleno versen sobre lo mismo y sean "reiterativas", el PP pidela creación de una "Comisión de la Cámara entera".

Además, el presidente del Gobierno, dice el PP, debería comparecer semanalmente para someterse al control de los grupos parlamentarios, y el Parlamento debería tener acceso a todo tipo de documentación oficial, sin más limitación que la declaración de esa información como "materia reservada o secreto oficial".