Así lo pone de manifiesto el V Observatorio del Derecho de Familia presentado este sábado en Madrid. Según los datos de este informe de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), y por volumen de conflictos, en primer lugar, se sitúan las disputas relacionadas con la educación, principalmente la elección del centro escolar (26%).

En segundo término, destacan las discrepancias por los gastos extraordinarios (21%) que tienen que ver con las actividades extraescolares; seguido de los tratamientos psicológicos o la determinación del psicólogo/psiquiatra (19%); el cambio de residencia de los hijos (16%); los asuntos relacionados con la salud física (10%); y los aspectos religiosos como la celebración de la Primera Comunión (7%).

La patria potestad, salvo en casos excepcionales, la ostentan ambos progenitores aún después de la separación y con independencia de quién tenga encomendada la guarda y custodia de los hijos. Por tanto, ambos han de participar en la toma de decisiones que afecten al desarrollo, formación, educación y atención sanitaria de los hijos. Estos desacuerdos entre los padres en el ejercicio de la patria potestad se resuelven mediante un Expediente de Jurisdicción Voluntaria (EJV), que son procedimientos más rápidos y no requieren de un proceso contencioso.

No obstante, estos expedientes ponen en evidencia la incapacidad de los progenitores para llegar a acuerdos y obligan a intervenir a un juez o a un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). En estos casos, ambas partes deben explicar el beneficio de su postura para su hijo. El juez, después de oír a ambos progenitores, otorgará la facultad de decidir para ese supuesto concreto a uno de los progenitores.

“En muchas ocasiones se abusa de la jurisdicción voluntaria, en tanto que estas decisiones relativas a los hijos las deberían tomar los padres y no plantearlas ante un Juez o el Letrado de la Administración de Justicia”, afirmó la vicepresidenta de la Aeafa, Beatriz de Pablo.

LLEVAR LA CONTRARIA

“En muchas ocasiones, uno de los padres se opone sin motivo, sólo por llevar la contraria. Al analizar la disputa con detenimiento, no se observan razones de peso para oponerse a una ortodoncia, una actividad deportiva o clases de idiomas, por citar ejemplos cotidianos”, incidió De Pablo. “No parece lógico que un juez, con la carga de trabajo que tiene y la cantidad de procesos judiciales que se instan en este país, tenga que decidir si un niño que no es su hijo tenga que ir a inglés, francés, flauta o judo”, zanjó.

En el ámbito de la educación, además de la elección de centro escolares, también resultan frecuentes las desavenencias relacionadas con la compra de un ordenador; la elección de un modelo educativo público, privado o concertado; la realización de estudios en el extranjero, la elección del alojamiento por los gastos que comporta (colegio mayor o piso compartido); o la autorización para expedir el pasaporte.

Respecto a los gastos extraordinarios que originan expedientes de jurisdicción voluntaria, destaca la decisión sobre las actividades extraescolares, deportivas y culturales que deben realizar los hijos. En estos casos se incluyen las clases particulares para paliar el déficit académico o el carné de conducir y los viajes al extranjero para aprender idiomas o disfrutar de campamentos.

En cuanto a los tratamientos psicológicos, es también una de las cuestiones que motivan frecuentemente desacuerdos entre los progenitores, dando lugar al expediente de Jurisdicción Voluntaria para resolver quién de los padres decide si el menor acude o no a la terapia y también qué profesional que la realizará.

MEDIACIÓN

Por otra parte, cuando las familias deciden resolver sus crisis familiares a través de la vía extrajudicial, los métodos más valorados son la mediación (37%) y la negociación colaborativa que emprenden los propios abogados formados en esta práctica (19%), según el V Observatorio de Derecho de Familia.

Sin embargo, en este ámbito todavía existe "un largo camino por recorrer" en opinión de los abogados, puesto que el 44% de los clientes desconfían de estos medios alternativos y esperan que sus asuntos sean solventados mediante resolución judicial. Además, el Observatorio subraya la falta de servicios de mediación o de coordinación de parentalidad en los juzgados españoles.

El secretario de la Aeafa, Álvaro Iraizoz, lamentó que la sociedad está impregnada por "una cultura de la confrontación más que del diálogo". "La mediación, o cualquier otro método alternativo de resolución de conflictos, requiere de importantes dosis de negociación, interlocución y pragmatismo, que muchas veces no solemos tener”, concluyó.