Con la luz verde al dictamen en el Pleno del Congreso, el texto pasa al Senado para proseguir su tramitación parlamentaria. Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, la ley es de 2015 y con la reforma se presente adaptarla a directivas europeas, reglamentos y a los cambios tecnológicos en los mercados de valores, y con ello dar “seguridad jurídica, mejorar la competitividad y reforzar la eficiencia en los mercados de valores”, con el foco puesto en la financiación de las pymes.

Una de las novedades son los cambios en la elección de los consejeros de la CNMV, entre ellos, el presidente. Actualmente es de cuatro años prorrogables a otros cuatro años y con esta reforma pasa a ser de seis años no renovables, lo que es una “homologación” con los supervisores del entorno europeo, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

También se establecen las previsiones necesarias para aplicar en España la normativa europea sobre criptoactivos de forma inmediata a su aprobación, al dotar a la CNMV de las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito. Esta norma alcanza a cualquier instrumento financiero que sea un criptoactivo, es decir, que esté representado mediante tecnología de registro distribuido. Además, la CNMV podrá sancionar los incumplimientos de las obligaciones y requisitos de los criptoactivos que no son instrumentos financieros y que se presenten como objeto de inversión, cuando entre en vigor la normativa europea.

El proyecto de Ley también incorpora una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las mencionadas ‘Spac’), garantizando las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital invertido por los accionistas. Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a Bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo también su dependencia del crédito bancario.

También simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones, se establecen mejoras en el ámbito del mercado BME Growth al aplicarse al segmento de pymes en expansión el régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (opas), que permitirá a los accionistas recibir proporcionalmente la prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación no bancaria de estas empresas.

Por otra parte, se incorporan a la normativa española los cambios aprobados en la Directiva Mifid II, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.