AI ha hecho público un informe que documenta los homicidios cometidos por el Ejército Patriótico Ruandés desde abril hasta agosto de este año.

"Existen claros indicios de homicidios deliberados y arbitrarios y de ejecuciones sumarias llevados a cabo por el Ejército Patriótico Ruandés cuando sus miembros se hicieron con el control de sucesivas regiones del país y, al hallar indicios de genocidio cometido contra sus simpatizantes o familiares, se vengaron indiscriminadamente en civiles hutu desamados", indica el informe.

Los homicidios confirmados por AI se produjeron cuando el Ejército Patriótico Ruandés, brazo armado del Frente Patriótico Ruandés (FPR), se hizo con el control del territorio dominado por el Gobierno anterior. Los asesinatos comenzaron en el nordeste del país a mediados de abril y en los meses posteriores, hasta septiembre, fueron avanzando hacia el sur, el oeste y el suroeste.

"Si el nuevo Gobierno, que lleva en el poder desde julio, no investiga los homicidios cometids por sus propias fuerzas de seguridad, no hace pública sus averiguaciones y no emprende acciones para procesar a los responsables, llegaremos a la conclusión de que dicho Gobierno consiente esos actos criminales", afirma AI.

Esta organización internacional ha presentado al Gobierno ruandés una serie de casos individuales de homicidios cometidos entre abril y agosto de 1994 para que éste haga sus comentarios, pero Amnistía aún no ha recibido ninguna respuesta.

Entre esos casos se encuentra el tesimonio de un hombre de 56 años, superviviente de los homicidios, que fue convocado a una asamblea pública el 13 de abril en Gishara, en el nordeste de Ruanda. Este hombre dijo a AI que los soldados del Ejército Patriótico Ruandés, que habían prometido comida a la gente para subrayar sus buenas intenciones, en vez de dar alimento lo que hicieron fue arrojar una granada contra los reunidos.

A principios de junio, unos cien hombres, mujeres y niños fueron detenidos por soldados del Ejército Patriótico Rundés en el sur del país. Un testigo presencial que habló con los representantes de AI dijo que los soldados de este ejército habían matado a decenas de personas y habían apilado su cadáveres en una fosa común.

En todos estos casos las víctimas pertenecían al grupo étnico mayoritario hutu, algunos de cuyos miembros participaron en las matanzas masivas de miembros del grupo étnico minoritario tutsi producidas anteriormente.

Según AI, "hasta el momento las autoridades ruandesas han negado o justificdo las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, sin llevar a cabo una investigación independiente".