Según informó el Gobierno en una comunicado, en la fase de redacción del Reglamento se ha contado con numerosas aportaciones de órganos y entidades especializadas de ámbito estatal, autonómico y sectorial.

Eso ha contribuido a perfeccionar y ajustar el texto en muchos de sus puntos, facilitando así el cumplimiento de sus objetivos, entre los que el Ejecutivo destaca el de facilitar la aplicación de la Ley de 2002 a fin de garantizar la eficacia en la gestión de las fundaciones.

Para ello se concretan determinados aspectos de su régimen y se regulan las funciones y organización del Protectorado y del Consejo Superior de Fundaciones.

El reglamento también buscará mantener el debido equilibrio entre la mayor agilidad y facilidad operativa de las fundaciones con la necesaria exigencia de respeto a los objetivos y finalidades a las que sirven.

"En consecuencia, se fomenta una mayor autonomía en la gestión, exigiendo a su vez una mayor responsabilidad por parte de sus órganos de gobierno", agrega la nota.

El reglamento opta por seguir manteniendo el sistema de protectorado múltiple, vigente en la actualidad, en la idea de que los protectorados actualmente existentes cuentan con la debida especialización por razón de la materia y, en consecuencia, con los medios y experiencia necesarias que les permiten prestar funciones de apoyo, asesoramiento e impulso.

A la vez, se han intentado resolver las deficiencias y las dificultades que en la práctica había venido planteando la actual normativa.

Con ese fin, se potencia el Consejo Superior de Fundaciones, órgano de carácter consultivo que, aunque ya existía en la normativa anterior, nunca se llegó a constituir como consecuencia de las dificultades prácticas en la representación del sector fundacional.

En el reglamento ahora aprobado se ha optado por introducir criterios objetivos para la elección de representantes del sector fundacional, con lo que de esta manera se posibilita un sistema automático y objetivo de designación.