El encuentro permitió un "debate muy vivo" a puerta cerrada durante cerca de dos horas y media, ya que, además de Mariano Rajoy, tomaron la palabra más de una docena de altos cargos del partido, según informaron a Servimedia fuentes presenciales.

El Comité Ejecutivo Nacional del PP acordó utilizar "todos los mecanismos" que estén a su alcance, sin descartar acudir al Tribunal Constitucional, para impedir que el Estatuto catalán llegue a aprobarse y entrar en vigor en los términos actuales.

Además, recibió con satisfacción la propuesta del líder del PP de reformar la Constitución para blindar las competencias del Estado, de manera que ni los gobiernos autonómicos ni los respectivos estatutos asuman funciones que no le corresponden.

MUCHA PARTICIPACION E INTENSO DEBATE

La reunión arrancó con un informe del presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, en la que hizo una lectura política de la aprobación del Estatuto catalán y detalló algunos de los puntos más controvertidos del mismo.

A partir de ahí, comenzó la puesta en común con intervenciones de dirigentes como Angel Acebes, Eduardo Zaplana, Ignacio Astarloa, Jaime Mayor Oreja, José María Michavila, Federico Trillo, Loyola de Palacio, Francisco Camps, Luisa Fernanda Rudí, Alejo Vidal-Quadras, José Manuel Soria y Jaime Ignacio del Burgo.

Todos ellos coincidieron en que la reforma estatutaria vulnera en más de una decena de ocasiones la Constitución y supone una "ruptura" del modelo de Estado fijado en 1978 y del consenso que hizo posible la transición española, dado que no se han tenido en cuenta las aportaciones del PP.

El secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa, convenció a los asistentes de que la reforma estatutaria esconde tras de sí una reforma constitucional y, por lo tanto, debería tramitarse en las Cortes Generales como tal.

Si así fuera, el voto del PP pasaría a ser imprescindible, ya que una reforma constitucional exige el acuerdo de dos terceras partes de la Cámara Baja para salir adelante frente a la mayoría absoluta de una modificación estatutaria.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, denunció la "irresponsabilidad" de José Luis Rodríguez Zapatero por impulsar una reforma que vulnera la Constitución y advirtió de que el Estatuto catalán implica más peligro que en su día el "plan Ibarretxe", dado que cuenta con el beneplácito del presidente del Gobierno.

Mayor Oreja lamentó que la reforma del Estatuto de Cataluña se haya hecho sin el consenso del Partido Popular cuando desde la Transición, incluido el reciente caso de la Comunidad Valenciana, las dos principales formaciones políticas españolas se habían puesto siempre de acuerdo.

Asimismo, el presidente de honor del PP del País Vasco avisó de que, si la reforma catalana sale adelante, tanto el Ejecutivo vasco de Juan José Ibarretxe como el Gobierno gallego de Emilio Pérez Touriño pueden tener la tentación de reivindicar un estatuto autonómico en los mismos términos.

En este sentido, el presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, adelantó a sus colegas que el gobierno de las islas, que ostenta Coalición Canaria, se va a sumar al proceso de reformas estatutarias en los próximos meses.

Las consecuencias económicas de la modificación del Estatuto de Cataluña también fueron abordadas por el Comité Ejecutivo Nacional, aunque ninguno de los habituales expertos en la materia tomaron la palabra para hacer las correspondientes indicaciones.

Según las fuentes consultadas por Servimedia, la ex ministra Celia Villalobos llamó la atención sobre las "repercusiones" que puede tener el estatuto en las empresas catalanas y en el bolsillo de los ciudadanos.

En líneas generales, todos los intervinientes coincidieron en que el objetivo del Estatuto catalán es "dinamitar la Constitución", por lo que valoraron que el Partido Popular debería oponerse a la reforma, ya que "no caben enmiendas parciales", puesto que es "el texto completo" el que habría que retocar.

Cada uno de los dirigentes populares que tomó la palabra incidió en estos aspectos, incluido el presidente, Mariano Rajoy, quien puso fin al encuentro con una breve alocución.

En la reunión estuvieron presentes también otros altos cargos populares, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón. Sin embargo, al contrario de lo que suele ser habitual, ninguno de ellos tomó la palabra.