Así se contempla en el informe anual sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional publicado este martes, que recoge “un preocupante aumento” de las condenas y las ejecuciones tras el levantamiento de las restricciones asociadas a la covid-19.

Según la investigación, gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas, frente a las 246 de 2020.

Se trata de su mayor número de ejecuciones desde 2017. Esto se debe en parte a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, indicó AI, lo que supone “una flagrante violación del derecho internacional”, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos distintos al homicidio intencionado.

Mientras tanto, en Arabia Saudí se duplicó con creces el número de ejecuciones, tendencia que continuó en 2022, con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo.

MÁS CONDENAS

El informe destaca que a medida que las restricciones de la COVID-19 —que con anterioridad habían retrasado los procesos judiciales— se fueron levantando en muchas partes del mundo, los jueces dictaron al menos 2.052 sentencias a muerte en 56 países, con un aumento cercano al 40%.

Se observaron grandes repuntes en países como Bangladesh (al menos 181,frente a 113 en 2020); India (144, frente a 77) y Pakistán (al menos 129 condenas, respecto a las 49 de 2020).

Otros países que registraron importantes subidas fueron Arabia Saudí (65 frente a 27 en 2020); Somalia (pasó de 11 a 21); Sudán del Sur (subió de 2 a 9) y Yemen (de cinco a 14).

También hubo incrementos llamativos de las condenas a muerte en Egipto (al menos 356 en 2021, frente al menos 264 en 2020), Irak (al menos 91, frente a 27), Myanmar (al menos 86, en comparación con una de 2020), República Democrática del Congo (al menos 81, frente al menos 20), Vietnam (al menos 119 en 2021, respecto a las 54 de 2020) y Yemen (al menos 298, frente al menos 269).

Según el informe, algunos países que en 2020 no llevaron a cabo ninguna ejecución, retomaron esta práctica en 2021. Bielorrusia ejecutó a una persona por lo menos; Japón llevó a cabo tres ejecuciones y Emiratos Árabes Unidos cometió al menos una.

Como en años anteriores, los totales de condenas a muerte y ejecuciones registradas en el informe no incluyen los miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se estima que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam.

SEÑALES POSITIVAS

A pesar de estos datos alarmantes, a lo largo de 2021 se mantuvieron las señales positivas de una tendencia mundial hacia la abolición, afirmó Amnistía.

Por segundo año consecutivo, el número de países de los que hay constancia de ejecuciones fue el más bajo desde que Amnistía Internacional comenzó a elaborar registros en 2010.

En Sierra Leona, el Parlamento aprobó en julio, por unanimidad, una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, aunque todavía no ha entrado en vigor. En diciembre, Kazajistán aprobó una ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, que entró en vigor en enero de 2022. El gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor. A finales de año, el gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022.También , en la República Centroafricana y Ghana, los legisladores iniciaron procesos legislativos para abolir la pena capital, que siguen en marcha.

En Estados Unidos, Virginia se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista (y en el primero del sur), mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas.

El nuevo gobierno de Estados Unidos también estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales, y ese año se constató la cifra más baja de ejecuciones en Estados Unidos desde 1988.

La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.

“La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el Estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él”, declaró la secretaria general de AI, Agnes callamar.