La falta de acuerdo sobre el modelo y la "ruptura de la unidad fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" son los principales motivos de preocupación de los socialistas, que insistieron en su llamamiento al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para que renuncie a la capacidad normativa en lo que a fiscalidad se refiere.

Con esta petiión de acuerdo sobre el equilibrio de la financiación autonómica abordará el Grupo Socialista el debate plenario del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, que se inicia esta tarde en el Congreso.

Los socialistas estiman que estos Presupuestos contemplan un recorte de las inversiones públicas de 150.000 millones de pesetas, con una caída del 15 por ciento nominal respecto al presente año, lo que significará, a su juicio, la paralización del sector de la construcción y la pérdia de 35.000 puestos de trabajo.

En este sentido, el primer partido de la oposición se daría por satisfecho si el Gobierno garantizara que no planteará un nuevo recorte de 200.000 millones de pesetas, tal y como tenía previsto.

Durante la discusión en pleno del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, el Grupo Socialista insistirá en la necesidad de subir el sueldo a los funcionarios un 2,6 por ciento, igual a la subida prevista del IPC para el año próximo.

SEGURIDAD SOCIA

Eguiagaray considera que las cuentas de Gobierno para 1997 ponen "en graves problemas financieros" a la Seguridad Social, que sufrirá "grandes riesgos" en el futuro. "Se han presupuestado mal los ingresos y los gastos" y, por tanto, el año próximo "no habrá recursos suficientes y terminará con un déficit que amenaza el futuro del sistema".

Para solucionarlo, el PSOE propone en una enmienda el incremento de la financiación estatal a los complementos de mínimos por un importe total de 230.000 millnes de pesetas, lo que eliminaría el endeudamiento de 150.000 millones y permitiría a la Seguridad Social disponer de 80.000 millones netos para atender el coste real de las pensiones.

En cuanto a la política fiscal del Ejecutivo, estiman los socialistas que es negativa porque aumenta la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas y la reduce, en especial, a las procedentes de las rentas del capital. Critican además la política de tasas del PP, con la que, a su juicio, pretenden compensar la pérdid de ingresos provocada por una inadecuada política fiscal.

El dirigente socialista estimó que el actual Gobierno tendrá que corregir a la baja sus previsiones de crecimiento para 1996 y que será muy difícil alcanzar el objetivo de aumento del 2,3 por ciento del PIB, como tenía previsto el Ejecutivo popular. No obstante, se mostró optimista en cuanto a las posibilidades de que España se integre en la Unión Monetaria en 1998.

Unos de los aspectos que mayor preocupación causan a los socialistas es e hecho de que los gastos de educación se hayan infrapresupuestado, lo que singnificaría que las comunidades autónomas que tienen pendiente la cesión de las competencias sobre educación contarán con menores recursos de los necesarios para sostener el sistema público de enseñanza, según Eguiagaray.

Por ello, recordó el ex ministro socialista, algunas comunidades, como Madrid, presidida por el popular Alberto Ruiz-Gallardón, se están planteando aceptar o no el traspaso.

También se refirió a la fiscaidad que se aplica a los futbolistas de élite, por entender que los cambios introducidos no son más que "una evasión fiscal legalizada".

HUNOSA

Sobre el conflicto de la minería que ha desatado la firma del protocolo eléctrico, Eguiagaray afirmó que el mayor error del Gobierno es la "falta de tacto. Cosas delicadas como ésta no se pueden tratar con brutalidad".

El responsable socialista indicó que el futuro de la minería es un tema que está sobre la mesa desde hace muchos años, para el que hace alta solución, pero este arreglo debe alcanzarse a través del diálogo y con extremando tacto y habilidad en el tratamiento de asunto.

Según dijo, existe un convencimiento comúnmente asumido por la sociedad asturiana sobre el incierto futuro de la minería, pero anunciar el cierre de Hunosa con fecha "es una provocación" para la sociedad y los sindicatos.