Eguiagaray expresó su preocupación por "algunas decisiones de bancos que, por explicables que sean en términos de su cuenta de resultados, afectan seriamente al sector industrial", en referencia a la venta de empresas de la Corporación Banesto por el Banco Santander.

El ministro precisó que el debate sbre política industrial propuesto por el Gobierno recoge esta preocupación y señaló que, lejos de condenar esas conductas, lo que se pretende es obtener iniciativas que "aumenten la disponibilidad de capital para proyectos industriales y se mejore la fiscalidad de este tipo de inversiones".

En su opinión, "la presencia de los pocos grandes grupos industriales nacionales en el exterior debe servir de instrumento estratégico no sólo para aumentar la demanda de la industria nacional, sino también para lainternacionalización de las empresas españolas".

Para conretar más este debate, Eguiagaray tiene previsto iniciar en los próximos días una ronda de conversaciones privadas, al margen de las mesas en las que se planteará el debate institucional, con importantes empresarios y financieros del país, tales como los presidentes de los grandes bancos.

Según ha podido saber Servimedia, entre las personas que serán convocadas figuran José María Amusátegui, presidente del BCH; Emilio Ybarra, del BBV; Alfreo Sáenz, de Banesto; Francisco Luzón, de Argentaria; Emilio Botín, del Santander; Claudio Boada, ex presidente del Hispano y actual presidente de la Asociación para el Progreso de la Formación; y Guillermo de la Dehesa, presidente del Consejo Superior de Cámaras.

Eguiagaray dijo que el diálogo debe ser lo más amplio posible y para ello cursará invitaciones para participar en él a los presidentes del Consejo Económico y Social, del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, de la AEB y del Consejo de Univrsidades, además de los máximos responsables de las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y CCOO.

Serán en total 150 personas vinculadas directa o indirectamente a la industria española y organizadas en unas 12 mesas de discusión, unas institucionales y otras sectoriales, cuya coordinación, según ha podido saber esta agencia, ha sido encargada por el Ministerio a Coopers & Lybrand.

Se trata, indicaron las fuentes consultadas, de que estos consultores externos hagan el trabajo de coordiación del debate y vaciado de las propuestas en documentos que servirán para elaborar un informe que el Gobierno trasladará al Parlamento en un plazo aproximado de tres meses para discutirlo con los grupos políticos y convertirlos en iniciativas legislativas.