Eguiagaray destacó la importancia de este proyecto de ley y afirmó que "una de las libertades básicas en las que se asienta la construcción de la CE es la libre circulación de trabajadores, que supone la abolición de toda discriminación por razón de acionalidad entre los trabajadores de los estados miembros".

El ministro insistió en que este proyecto de ley "responde plenamente a las exigencias de la construcción europea y se encuentra en perfecta sintonía con las posiciones de la Comisión de la CE, contando además su contenido con una extraordinaria unanimidad entre los grupos integrantes de la Cámara".

Este proyecto de ley permitirá el acceso, en igualdad de condiciones con los españoles, de ciudadanos de los países de la CE a la función pblica investigadora, docente, de correos, sanitaria de carácter asistencial y a los demás sectores de la Administración pública a los que, según el derecho comunitario, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

No obstante, los puestos de trabajo de estos sectores que impliquen el ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas quedan reservados a los funcionarios de nacionalidad española.

Según eplicó Eguiagaray, será cada Administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, la que determine y concrete los puestos de la Administración a los que no podrán acceder los ciudadanos europeos.

El proyecto de ley establece también que el Gobierno o, en su caso, las comunidades autónomas o los demás niveles de la Administración determinarán los cuerpos, escalas, plazas o empleos a los que, de acuerdo con el derecho comunitario, podrán acceder los nacionales de los ciudadanos de los pases comunitarios.

Esta ley también afecta a los ciudadanos de aquellos estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la CE y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que está definida en el Tratado Constitutivo de la CE.