El decreto forma parte de los compromisos del Gobierno para introducir más competencia y transparencia en el sector eléctrico, y a falta de su redacción final incluye la obligatoriedad para las compañías de dividir el importe del recibo en tres partes: coste de la energía, externalidades e impuestos.

Con esta medida, el Gobierno quiere trasladar al usuario las edidas exigidas a las compañías en la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico (LOSE), recientemente aprobada en las Cortes y que obliga a las compañías a trasladar al ministerio información sobre los costes que les suponen las actividades de generación y distribución, es decir, lo que les cuesta a las empresas poner la luz en casa de los abonados.

Además del coste de la energía, Eguiagaray quiere que las empresas den cuenta a los clientes de la parte del recibo que corresponde a impuestos (16 por cien e IVA) y cuánto a las externalidades de la tarifa.

Estas externalidades son las que se cargan en el recibo de la luz para pagar a las empresas aspectos que no tienen que ver con la generación y distribución de electricidad, como la obligatoriedad del sector de usar carbón nacional para producir parte de la energía que demanda el sistema, a pesar de que su coste es tres veces superior al que se importa de fuera.

También forman parte de las externalidades las compensaciones a las compañías afectada por la moratoria nuclear decretada en 1994 y que supone un 3,54 por cien del importe del recibo que pagan los consumidores.