Eguiagaray, que explicó los ejes de la política de su ministerio en la presente legislatura, reconoció que las empresas del carbón nacionales tienen un alto grado de apoyo público y que las empresas sin precios subvencionados han hecho un esfuerzo importante de saneamiento en los tres últimos año con el cierre de 55 explotaciones y la reducción de 6.700 puestos de trabajo.

"Sin embargo", añadió, "siguen siendo necesarios mecanismos que permitan seguir con el proceso de saneamiento", aunque advirtió que las limitaciones impuestas por la CE a la intervención estatal y la propia experiencia aconsejan algunos cambios que no precisó.

Respecto a las deficitarias empresas con contrato-programa, entre las que destaca Hunosa, tendrán que continuar bajo el "paraguas" de las subvenciones a la produción, con el fin de asegurar unos niveles mínimos de autoabastecimiento y evitar la conflictividad social y regional que conllevaría sus cierres.

Todos estos aspectos, explicó, formarán parte de la futura Ley de Bases del Régimen Minero, cuya finalidad es ordenar el sector y recoger toda la normativa sobre seguridad en las explotaciones, la investigación y mejora de la competitividad de las empresas, así como aspectos fiscales, sociales y laborales con los que deben quedar reguladas las plantillas, dao el régimen específico de Seguridad Social al que están acogidas.