En un auto hecho público hoy, el Alto Tribunal afirma que de lo investigado hasta ahora no se puede deducir que los delitos en los que ocurrieron los dos parlamentarios vascos fueran cometidos fuera del territorio de Euskadi, por lo que debe ser allí donde sean juzgados.

Se refiere el Supremo a los dos parlamentarios elegidos en las últimas elecciones autonómicas del País Vasco dentro de las listas de Euskal Herriarrok, José Antonio Etxeberría Arbelaiz y Pablo Gorostiza González.

Garzón implicó a ambos en la investigación de las finanzas de ETA-KAS y apreció en ellos "indicios racionales de criminalidad", referidos a los delitos de pertenencia o integración en banda armada y alzamiento de bienes.

El Supremo no se pronuncia sobre los delitos que se pueden imputar a los dos parlamentarios, pero sí destaca que, en ambos casos, "la actividad específicamente delictiva realizada por las empresas cuya finalidad s financiar la organización terrorista, es decir, la actividad consistente en desviar los beneficios empresariales a la organización", se produce en el País Vasco.

Según los jueces, esto se demuestra "por ser allí -en Euskadi- donde se encuentra más notoriamente implantada y presente ETA-KAS mediante la perpetración de hechos delictivos".

Por todo ello, el Supremo reconoce al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) "la competencia para conocer los hechos que pudieran constituir un alamiento de bienes en el que pudieron participar los parlamentarios", además de "los hechos delictivos que se pudieron realizar a través de las sociedades Ganeko, Alukia, Gadusmar Aek y Bamaka S.A. en tanto la actividad de las mismas era controlada por los aforados o por alguno de ellos".

El resto de la investigación, referida básicamente al cierre del diario "Egin" y a "la actividad presuntamente delictiva de sus responsables directos o indirectos", quedará en manos del juez de la Audiencia Nacional Bltasar Garzón, primer instructor de este procedimiento.