De acuerdo con estas fuentes, a efectos laborales, el cierre judicial del diario es asimilable a una situación de extinción de contrato por fuerza mayor, que da derecho a la prestación de desempleo y a indemnizaciones del Fogasa equivalente a, como máximo, una prestación del doble del salario mínimo interprofesional, a razón de 20 días por cada año cotizado.

Para ello, la empresa editora, Orain, sobre cuyos directivos pesa la acusación de formar parte del entramado económico de ETA, tendá que presentar un expediente de regulación a las autoridades laborales de la Consejería de Trabajo del Gobierno vasco.