La proposición pide al Ejecutivo que tome las medidas necesarias para que las universidades reserven un 3 por ciento de las plazas "para alumnos que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o con menoscabo total del habla o pérdida total de audición".

El pasado mes de abril saltóa los medios de comunicación el caso de una estudiante malagueña, Auxiliadora Cabello, que denunció que no había obtenido una matrícula porque su parálisis cerebral es del 33 por ciento y no del mínimo del 65 por ciento que marca la ley.

La proposición, a la que tuvo acceso Servimedia, señala que la realidad en la mayoría de los centros universitarios es que el porcentaje de alumnos con minusvalías de más del 65 por ciento no llega, ni mucho menos, al 3 por ciento previsto en la ley.

Un estudio d la Universidad de Gerona sobre las matriculaciones del curso actual cifra en un 0,3 por ciento los estudiantes que han entrado con algún tipo de minusvalía superior al 33 por ciento.

Cuando se conoció el caso de la joven malagueña, la subdirectora general de Educación Especial del Ministerio de Educación, María Antonia Casanova, defendió un cambio en los criterios de admisión de discapacitados en la Universidad, para evitar que los baremos porcentuales de una minusvalía puedan decidir en exclusiva qu a un alumno se le deniegue el acceso.

Casanova dijo a Servimedia que "sólo con un número es muy difícil determinar si un alumno puede ser favorecido por la reserva de cupo".

A su juicio, los porcentajes "son significativos en algunos casos, pero deben ir acompañados de un informe cualitativo complementario, que especifique si dado el tipo de minusvalía que tiene una persona puede entrar o no a la Universidad".

Casanova explicó que con toda probabilidad los ministerios de Educación y Trabajoestudiarán la legislación vigente para corregirla si es preciso y evitar que se repitan exclusiones como la de Auxiliadora Cabello.