A partir de la entrada en vigor del decreto quedará suprimida la exigencia de la autorización administrtiva previa a la edición en las nueve comunidades autónomas que administra el Gobierno.

Las autoridades educativas darán su autorización al proyecto editorial y no al libro de texto ya editado, en sintonía con las reivindicaciones de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (ANELE).

El comunicado señala que el Gobierno ha buscado con esta iniciativa "impulsar una nueva concepción de la supervisión de los libros de texto y demás material curricular, que elimine hasta los mínimos resto de censura previa y se haga compatible con la responsabilidad que mantiene la Administración para garantizar unos materiales didácticos de calidad".

Para el Gobierno, el proyecto supone un avance en el reconocimiento de la autonomía de los centros eductivos y "deposita mayor confianza en la responsabilidad del profesorado para adoptar los libros de texto que estimen precisos".

A la hora de la elección, es a los profesores a los que se les reconocerá la competencia técnica y la atribución para deidir los libros de texto y demás materiales curriculares. Pero no a cada profesor "aislado", sino a los órganos didácticos en los que los profesores se integran.

El proyecto prevé que el Ministerio de Educación avise al ministerio fiscal o a los tribunales en cuanto detecte en un libro de texto la presencia de elementos presuntamente delictivos.