El plan entraría en vigor a partir del próximo enero y abarcaría un periodo de tres años. La Administración central pondría 7.000 millones cada año y las comunidades 1.700 millones en el 2000, 2.500 en el 2001 y 3.50 en el 2002.

Los detalles de este plan los hizo públicos hoy el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, tras comparecer en la Comisión de Educación del Senado para informar, a petición de CiU, sobre la situación de la universidad.

De la Plaza aseguró que la Comisión Académica del Consejo de Universidades ya ha dado el visto bueno al nuevo plan, que calificó de "bastante razonable", especialmente porque es más posible de asumir por las counidades, ya que se abandonaría la idea de la cofinanciación al 50 por ciento Gobierno-autonomías que se había hablado hasta la fecha.

Lo último que se conocía oficialmente del plan es que el Gobierno pretende sacar el dinero para el primer año, mediante una enmienda a los presupuestos en el Senado, del fondo de nivelación de servicios públicos básicos previsto en la LOFCA. Esta partida lleva 3 años sin usarse y ronda los 12.000 millones de pesetas.

MENOR ASFIXIA

En su comparecencia en la Cámar Alta, Saturnino de la Plaza hizo un llamamiento al Gobierno para que pague sin más demora a las universidades los 13.260 millones de pesetas que les adeuda todavía por la ampliación a las familias con tres hijos de la exención de tasas universitarias que se aplica por familia numerosa.

La CRUE asegura que las universidades han dejado de percibir por estas nuevas exenciones 35.500 millones y el Gobierno sólo les ha compensado hasta el momento con 22.240 millones. En los presupuesto del 2000 hay previsa una partida para este capítulo de 8.240 millones.

Jaime Lissavetzky, senador del PSOE, anunció una enmienda de su grupo a los presupuestos para que esa partida de 8.240 millones se eleve en 5.000, lo que sumaría los 13.000 millones que demandan los rectores. Izquierda Unida también avanzó una iniciativa similar.

Saturnino de la Plaza aseguró que si finalmente cuaja el acuerdo para la financiación del profesorado universitario y el Gobierno adeuda pronto el dinero por las nuevas exenciones de taas, "las universidades estarán mucho menos asfixiadas económicamente".

UNIVERSIDADES PRIVADAS

Por otra parte, el responsable de los rectores pidió en su intervención una reforma del decreto de 1991 que regula la creación de nuevas universidades.

A su juicio, para la autorización y puesta en marcha de algunos de estos nuevos centros, sobre todo los privados, "han pesado más los intereses políticos que las consideraciones estrictamente académicas, que a veces pasan a un segundo lugar". "No es acetable que una universidad pública, y menos una privada, tengan enseñanzas de las que no garantizan un mínimo de calidad", subrayó.

En opinión de la CRUE, la aparición de nuevas universidades ha sido "algo desordenada" en los últimos tiempos, y se ha podido producir un incremento "no justificado desde el punto de vista de la demanda social".

Para acabar con este problema, De la Plaza defendió que el Consejo de Universidades tenga más poder a la hora de pronunciarse sobre la oferta académica de cad nuevo proyecto.