Con este decreto, las autoridades educativas darán el visto bueno al proyecto editorial y no al libro de texto ya editado. Según aseguró el Gobierno en un comunicado el pasado mes de junio, cuando anunció la medida, se busca "impulsar una nueva concepción de la supervisión de los libros de texto, que elimine hasta los mínimos restos de censura previa".

Hoy, Anele aseguró en una nota públca que el decreto es una medida "coherente y rigurosa", y permitirá abaratar la edición de los libros escolares.

"La supervisión administrativa previa ha sido causante de que muchos excelentes manuales y proyectos editoriales hayan sido rechazados. También, de una cierta ruptura de la unidad del sistema educativa y de que las ediciones deban multiplicarse para cada comunidad sin justificación científica alguna, con el consiguiente encarecimiento del precio de los libros y la progresiva pérdida de rentbilidad de las editoriales", señalan los editores.

A la hora de la elección de los textos, el decreto establece que será a los profesores a los que se les reconocerá la competencia técnica y la atribución para decidir los libros de texto y demás materiales curriculares. Pero no a cada profesor "aislado", sino a los órganos didácticos en los que los profesores se integran.

El proyecto prevé que el Ministerio de Educación avise al ministerio fiscal o a los tribunales en cuanto detecte en un libro d texto la presencia de elementos presuntamente delictivos.