La resolución del tribunal señala que la autorización del registro tendrá una duración de cinco años, prorrogables a petición de los titulares, tras cumplir los requisitos establecidos en estos casos para evitar actuacione contra la libre competencia.

A este respecto, la resolución reitera la doctrina consolidada del Tribunal de Defensa de la Competencia, según la cual los registros de morosos "cumplen una función de saneamiento y clarificación del tráfico mercantil que contribuye a la mejora de la comercialización de bienes y servicios", siempre que se cumplan unas condiciones.

Esas condiciones son la libertad de los asociados al registro para fijar su política comercial frente al deudor moroso, la voluntariedad e la adhesión al registro poa parte de sus usuarios (en este caso, los miembros de la AEDE), la objetividad de la información que se transmite y el acceso de los afectados al registro para conocer los datos que les afecten.