Barea presentó hoy el libro "El legado de un economista de Estado", que recoge algunos de sus trabajos más representativos y pasa revista a la evolución de la economía española en las últimas décadas.

Según este experto, el diferencial de inflación en España es 1,3 puntos superior al del resto de Europa, a pesar de que en estos países también se haya incrementado el precio del petróleo y de los cereales.

A su juicio, todo ello está motivado por la baja productividad española y la falta de competitividad, derivada en parte de la "fracción en mercados autonómicos".

Asimismo, se manifestó en contra de la descentralización de la Agencia Tributaria. "Ni desde el punto de vista económico ni desde el constitucional se debe descentralizar".

En su intervención, Barea se refirió a la falta de sostenibilidad del actual sistema de pensiones, debido a que la edad a la que se comienza a cotizar ha aumentado en casi 10 años (de los 16 a los 26), mientras que la población de jubilados ha crecido. Por ello, abogó por un sistema de reparto gestionado por la Administración (no por el sector privado), y no descartó la posibilidad de que la edad de jubilación se alargue hasta los 70 años.

Desde su punto de vista, la inmigración ha contribuido a que España aumente su potencial productivo y a que se hayan cubierto muchos puestos de baja especialización, Sin embargo, no creyó que hayan solucionado el problema de la Seguridad Social, ya que, cuando esa población se jubile, saldrá a la luz "la deuda implícita de la seguridad social", cuya cantidad casi equivale al PIB nacional, según Barea.

En relación a la economía española, Barea valoró que "la banca española está muy saneada". Sin embargo, el alto grado de dependencia de la banca extranjera, en un momento en el que la falta de confianza de los mercados hace que "ya no se preste" dinero, motiva que se haya cerrado el grifo de los créditos.

En su opinión, los servicios públicos han de estar controlados por el Estado, que ha de garantizar su calidad. Sin embargo, defendió que sean empresas privadas las que proporcionen esos servicios, bajo la tutela de la Administración. De ese modo, añadió, podrían bajarse los impuestos.

Al respecto de las propuestas electorales de PSOE y PP de reducir la contribución al IRPF en 400 euros, y de bajar el impuesto de sociedades, respectivamente, Barea bromeó al afirmar que "las promesas electorales se hacen para no cumplirlas", ya que no sería posible cumplir todas las que se están haciendo sin aumentar la presión fiscal.