Dicho informe revela que la economía sumergida en España se sitúa en niveles parejos a los de Italia, donde supone el 28% del PIB, o Bélgica, con el 23%, pero muy por encima de la media de los países de la OCDE.

Según el informe, el primer impacto del alto nivel de economía sumergida se produce en las finanzas públicas, al implicar un meno volumen de recaudación. En segundo lugar, se generan problemas de información, ya que aceptar la existencia de dicho nivel de economía sumergida introduce incertidumbre sobre las cifras macroeconómicas.

Se produce, asimismo, un problema de competencia entre las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y sociales y las que eluden las mismas.

Pero el problema se extiende también al ámbito territorial, puesto que las regiones con un mayor volumen de economía sumergida tienen una riqueza aarente muy inferior a la real, lo que les permite obtener ventajas en una política de redistribución de la riqueza.

Por último, se observan problemas individuales para el trabajador en lo que se refiere a su futura pensión de jubilación, menos acceso a la formación continua o más problemas para cambiar de trabajo y acreditar determinada experiencia laboral.