Las partidas en las que la decisión está prácticamente cerrada son las pensiones y los sueldos de los funcionarios, pero no así en otras rúbricas decisivas del gasto público, como las prestaciones por desempleo.

Todos los documentos que utiliza el Ministerio de Economía parten del supuesto de congelación de las retribuciones de los funcionarios, un capítulo que las fuentes consultadas dieron por pácticamente cerrado.

Asimismo, el Gobierno mantendrá el compromiso de preservar el poder adquisitivo de las pensiones, con toda probabilidad mediante la aplicación de una subida igual a la inflación prevista para el año que viene, lo que supondrá un ahorro de 90.000 millones respecto al sistema de revisión que ha estado en vigor en los últimos cuatro años.

En ese caso, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva individual de estas prestaciones exigirá un aumento del gasto destinado a ellas supeior en más de un punto al tres por ciento previsto como inflación, a fin de hacer frente al "efecto sustitución".

Este efecto obedece a la sustitución de pensionistas antiguos, con prestaciones bajas, por los nuevos jubilados, con derecho a pensiones más altas. En lo que va de 1993, aunque la revalorización aprobada por el Gobierno fue del 5,1 por cien, la pensión media se incrementó un 7,2 por cien, según datos del Ministerio de Trabajo.

ESPECULACIONES

Según las fuentes del Ministerio de Econoía consultadas, es "pura especulación" decir que ya está decidido que el gasto público será inferior en algunas décimas a la ejecución de 1993, ejercicio en el que se prevé una desviación de 1,5 billones de pesetas sobre una previsión de 14,82 billones.

Los expertos de este departamento hicieron hincapié en que son demasiadas las "incógnitas" todavía abiertas, ya que a las que están pendientes del resultado del pacto social se une la negociación de la cesión del 15 por ciento a las autonomías.

A llo se suma el condicionamiento que suponen las negociaciones previas con los partidos políticos, especialmente con Convergencia i Unió, que pueden tener repercusión en los ingresos públicos, debido a las peticiones de los nacionalistas catalanes de más deducciones fiscales a las empresas.

Por esa razón, los técnicos del Ministerio de Economía no han podido calcular todavía el presupuesto de Gastos Fiscales de 1994, es decir, el dinero que la Hacienda Pública dejará de recaudar por exenciones, deduccines y beneficios tributarios. La importancia de este capítulo queda de manifiesto al recordar que para 1993 ascendía a 1,36 billones de pesetas.

Las fuentes consultadas señalaron que el planteamiento de dejar abiertas las grandes partidas presupuestarias hasta la resolución del pacto social no entra en contradicción con el hecho de que "el recorte va en serio y que la Administración va a dar señales inequívocas de ello".