Concretamente, Economía inició 12 procedimientos en 2002, 6 en 2003 y 7 en 2004. Según el Ministerio de Justicia, "la razón es que muchos notarios y registradores se limitan a enviar la comunicación de los supuestos incluidos en la relación objetiva de operaciones sospechosas, pero sin expresar 'las circunstancias de toda índole de las que infiera el indicio de su vinculación al blanqueo de capitales', tal como exige el apartado sexto de la Instrucción de 10 de diciembre de 1999.

En la mencionada instrucción, la Dirección General de los Registros y del Notariado concreta las obligaciones de notarios y registradores en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Así, se les ordenó que informaran por escrito a la Comisión de Prevención sobre contratos y actos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; relacionadas con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, o realizadas por bandas o grupos organizados.

Tras la experiencia de estos tres años, Justicia ha publicado una Resolución para que notarios y registradores, además de comunicar los casos sospechosos de blanqueo de capitales, envíen al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención un formulario debidamente cumplimentado en el que describan la identidad de los intervinientes en las operaciones, el tipo de operación, los indicios de blanqueo de capitales y la relación de documentos que se adjuntan.