Hasta el momento, el departamento ha pagado 1.880 millones de pesetas y en los próximos días abonará las restantes cantidades, según afirmó hoy en el Congreso de los Diputados Elena Salgado, directora general de Coste de Personal y Pensiones Públicas.

El número actual de personas beneficiadas por las indemnizaciones es de 3.500. Estos pagos no están sometidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni a su sistema de detracciones a cuentas.

Las primeras estimaciones oficiales sealan que el número de 89.000 solicitudes presentadas ante Economía aumentará, debido a que hay algunas cursadas a través de las legaciones españolas en el extranjero que aún no han tenido entrada en los servicios encargados de su estudio y tramitación.

Elena Salgado señaló que un muestreo efectuado a los expedientes recibidos permite anticipar que, previsiblemente, menos de la mitad de los solicitantes tendrá derecho a percibir la indemnización, bien porque no llegaron a cumplir los tres años de privaión efectiva de libertad o porque ésta se debió a supuestos distintos a los contemplados por la ley.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 estableció unas indemnizaciones en favor de aquellas personas que tras la Guerra Civil pasaron más de tres años de prisión por actuaciones de intencionalidad política.

El 31 de diciembre quedó cerrado el plazo para solicitar las indemnizaciones. A fin de atender a los beneficiarios, Economía, en coordinación con la Dirección General de Institucones Penitenciarias, creó un Servicio de Atención al Ciudadano.

También fueron editados y repartidos impresos de solicitud con instrucciones y notas de información para facilitar a los interesados la forma de solicitar las indemnizaciones.