Así se desprende de un estudio sobre "La política presupuestaria en el periodo 1980-95" realizado por Arsenio García Rubio, de la Secretaría General de Planificación y Presupuestos del Ministerio de Economía, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, y al que tuvo acceso Servimedia.

El estudio, que utiliza datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Intervención General del Estado para calcular los déficits públicos de ese periodo, pone de manifiesto que slo en el 80 y el 89 la economía española funcionó con un déficit inferior al establecido por el Tratado de Maastricht para acceder a la unión monetaria en 1998.

El año 80, las necesidades de financiación de las administraciones públicas supusieron el 2,7 por ciento del PIB, en tanto que en 1989, en el momento álgido del "boom" de la segunda mitad de los ochenta, se situó en un 2,8 por cien.

Hubo otros tres ejercicios en que la desviación fue sólo de décimas (3,9 por cien en 1981, 3,1 en 1987 y 3, en 1988) pero en todos los demás del largo periodo analizado, con sus momentos altos y bajos del ciclo económico, el diferencial con el tope de Maastricht nunca bajó de un punto.

EL PEOR AÑO

El análisis muestra que el ejercicio más negativo en este aspecto de la economía española fue el 93, cuando el déficit alcanzó el 7,4 por ciento del PIB, lo que también significa que España ha tenido que plantearse el esfuerzo para entrar en la unión monetaria en su peor momento de los últimos quince años desdeel punto de vista de las cuentas públicas.

El autor del estudio destaca que esa cota negativa del déficit público se debió a la "recesión más profunda desde 1959", ya que en 1993 el PIB cayó un 1,1 por ciento y la tasa de paro alcanzó el 22,7 por ciento de la población activa, lo que produjo un fuerte desequilibrio en las cuentas del Estado y las administraciones territoriales, al aumentar los gastos y reducirse los ingresos.

El deterioro del déficit público desde el 2,8 por cien de 1989 "se explca, por el lado del gasto, en el incremento del consumo público, que en 1993 alcanzó la cota también histórica del 17,5 por ciento del PIB, con un aumento de 2,3 puntos, mientras la inversión pública no se redujo de una forma destacada debido a los compromisos adquiridos de cara a los acontecimientos de 1992".

El autor considera que el objetivo Maastricht es alcanzable, pero advierte que "si tenemos en cuenta que el componente básico del déficit público en 1993 era en su mayor parte de carácter estrucural, se pone de manifiesto el gran esfuerzo que ha de realizarse para conseguir los criterios de convergencia".

A este respecto, indica que "a pesar del margen disponible para incrementar la presión fiscal en la medida en que en España es cinco puntos inferior a la media comunitaria (en 1994 el 36,1 por cien en España y el 41 por cien como media de la UE), los aumentos en la recaudación han de conseguirse a través de la lucha contra el fraude fiscal, las mejoras de gestión y aprovechando la fase expasiva del ciclo económico".

El problema radica en que también por el lado de los gastos el margen de actuación es reducido, "si tenemos en cuenta que el 78 por ciento de los mismos en 1995 responde a necesidades y obligaciones ineludibles".

En consecuencia, debe hacerse hincapié en medidas como la supresión de los programas "que no se consideren prioritarios o reelaborar los que, aun siendo de carácter prioritario, admitan un recorte en los gastos sin perder la eficiencia".

Además, es precisoreducir los gastos de la Administración mediante "la supresión de aquellos órganos cuyas competencias hayan sido transferidas a las comunidades autónomas y asimismo se podría replantear la política de recursos humanos a través de la Oferta de Empleo Público y los Planes de Empleo".

Otra linea de actuación sugerida es la reducir las subvenciones a las empresas públicas y "dar prioridad a los gastos susceptibles de financiación comunitaria, reforzando la coordinación entre instituciones relacionadas ocna getión de los fondos de la UE".