Rato realizó este anuncio durante el acto de presentación de la propuesta de nuevo Código de Sociedades Mercantiles, en el que participó también el ministro de Justicia, José María Michavila, quién aplaudió esta iniciativa y señaló que se inscribe en las medidas que está poniendo en marcha su ministerio para modernizar toda la legislación referida a la actividad empresarial.

El vicepresidente segundo del Gobierno destacó el esfurzo del Ejecutivo por dar mayor transparencia a la contabilidad de las empresas y anunció que Economía promoverá la aprobación de un reglamento con la finalidad de incrementar la información de algunas compañías.

Según relató, la obligación afectará a "las entidades que se hallan bajo algún tipo de supervisión o control de las administraciones públicas o que tengan relaciones mercantiles con ellas".

Rato explicó que será obligatorio auditarse a aquellas empresas, sociedades o entidades que reciba subvenciones de las administraciones públicas por un importe anual superior a 600.000 euros.

Además, también estarán obligadas aquellas que realicen trabajos para cualquier administración por importe de más de los citados 600.000 euros "siempre que los ingresos derivados de estas contrataciones superen el 50% de su cifra de negocio", puntualizó Rato.

Por otra parte, la Administración quiere mejorar la transparencia en la empresas que, sólo por razón de su forma jurídica (como empresas individuals y sociedades colectivas) están exentas de hacer auditorías, cuando están dentro de los límites de cumplir esta obligación de auditar sus cuentas en cuanto a sus activos, su cifra de negocio y su número de trabajadores.

Para Rato, el sometimiento a estas auditorías obligatorias favorecerá la mejora en la gestión y la información contable de estas sociedades y ayudará a ampliar las posibilidad de igualdad entre todas las empresas.

Asimismo, anunció que se pondrán en marcha mecanismos para mejorarla coordinación entre los auditores y las administraciones públicas, sobre todo en las competencias de los poderes públicos para controlar y supervisar a las auditoras.

"Espero que todas estas iniciativas contribuyan a aumentar la seguridad de este sector", continuó Rato, antes de recordar que muchas familias españolas han confiado su ahorro en sociedades cotizadas en los mercados bursátiles y es necesario garantizar su correcta gestión como "elemento esencial del futuro de la economía española".

SIPLIFICAR

El Código de Sociedad Mercantiles presentado hoy supone dar mayor transparencia, agilidad y eficacia al régimen jurídico de estas sociedades, según destacó Michavila, para adaptarlas así a la realidad cambiante de la sociedad y para garantizar mejor los derechos de los accionistas.

El nuevo Código de Sociedades supone actualizar un régimen jurídico en buena parte vigente desde 1885 y trata de sistematizar el complejo régimen de las sociedades mercantiles.

Finalmente, la nueva normatva significa la homologación con el derecho societario europeo y, por primera vez, establece un derecho común a cualquier tipo de sociedades.