Según informaron en rueda de prensa estos colectivos,entre los que se encuentran Greenpeace, CCOO, el sindicato agrario COAG y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, ha presentado el nuevo texto sin contar con la participación de los sectores implicados.

Durante el acto se dijo, además, que el proyecto pone en peligro los cultivos ecológicos y convencionales, ya que se trata de "un modelo que favorece una agricultura industrial, centrado en consideraciones económicas", según afirmó Jorge Riechmann, representante de CCOO.

Entre las críticas al proyecto de decreto presentadas por estas organizaciones se encuentran la omisión de la responsabilidad ante los daños en la agricultura convencional y ecológica provocados por la contaminación de transgénicos, así como la imposibilidad de declarar zonas libres de cultivos modificados genéticamente.

Por otra parte, Antonio Bello, representante de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, denunció que el texto impide a los agricultores decidir el tipo de cultivos y niega al consumidor la posibilidad de elegir los alimentos que va a consumir.

Las organizaciones presentes durante la conferencia de prensa reiteraron su preocupación por el hecho de que España sea el único Estado europeo donde se cultivan variedades retiradas por la Agencia de la Seguridad Alimentaria de la UE.