Los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y las localidades de más de 20.000 residentes con alta contaminación deberán contar con zonas de bajas emisiones antes de 2023, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Esas organizaciones ambientales apuntaron en un comunicado difundido este martes que las zonas de bajas emisiones deben ser "una herramienta eficaz para descarbonizar las ciudades y garantizar un aire limpio a toda la población", por lo que han presentado alegaciones al real decreto en el que defienden circulen menos coches y más eficientes en esos lugares.

Así, abogaron por que los ayuntamientos no asuman el "obsoleto e ineficaz sistema actual de etiquetas" de la Dirección General de Tráfico (DGT) y propusieron que los distintivos ambientales de los vehículos incluyan las emisiones reales de CO2 y no consideren Eco "tecnologías contaminantes como el gas fósil" con el fin de que las zonas de bajas emisiones no sean "un mero 'plan renove' y contribuyan a reducir al menos un 35% el número de desplazamientos en automóvil en las ciudades en 2030.

Por último, las entidades ecologistas defendieron que las zonas de bajas emisiones liberen "una gran cantidad de suelo público" que pueda ser aprovechado no solo para modos de transporte más sostenibles, sino también para ampliar los usos estanciales y crear nuevas zonas verdes dentro de las ciudades.