Las cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) pidieron este jueves al Gobierno que retire “definitivamente” la “peligrosa tramitación ambiental exprés” para proyectos de energías renovables que presenten su solicitud de autorización administrativa después del próximo 31 de diciembre.

Las ONG apuntaron que esa medida “acorta y excluye” a la ciudadanía de la evaluación ambiental en el despliegue de las energías renovables.

Las organizaciones subrayaron que el Ejecutivo podría prorrogar este mecanismo para responder al reciente requerimiento de la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva Europea de Renovables en materia de agilización de la tramitación de las renovables.

“Una ampliación de la tramitación ambiental exprés, más allá del próximo 31 de diciembre, sería un grave error”, según las organizaciones.

Las organizaciones recordaron que esa directiva limita la aplicación de mecanismos de tramitación rápidos (‘fast track’) como este para las ‘zonas de aceleración’, previa Evaluación Ambiental Estratégica y presentación de un plan de mitigación de potenciales afecciones a la biodiversidad. Además, la norma comunitaria prohíbe suprimir la participación pública en los mecanismos de tramitación rápida.

“Una ampliación del plazo para que los promotores puedan optar a la tramitación ambiental exprés representaría un nuevo incumplimiento de la misma directiva”, aseguraron las organizaciones.

OPCIONES

Por esta razón, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclamaron al Gobierno que ponga en marcha “urgentemente” alternativas para agilizar la transición que no lleven a perder las garantías ambientales y la participación ciudadana en el desarrollo de las energías renovables.

Propusieron opciones como la digitalización de los trámites, la creación de ventanillas únicas, la mejora de la coordinación entre Administraciones y una ordenación territorial para el despliegue de las renovables que excluya las zonas protegidas y de alta sensibilidad ambiental.

El mecanismo de determinación de afección ambiental es conocido como ‘tramitación ambiental exprés’. En 2022, el Gobierno español estableció unas zonas de aceleración para las energías renovables en las que se relajan las garantías ambientales al dar solo dos meses al funcionariado para resolver una Declaración de Impacto Ambiental (en caso de que el proyecto sea admitido a pasar por la vía rápida) y se suprime la participación pública en el trámite ambiental.

277 PROYECTOS

Hasta 277 proyectos han solicitado la tramitación ambiental exprés desde 2022, de los cuales 65 se evaluaron ambientalmente por la vía rápida, otros 74 fueron derivados a la evaluación ambiental ordinaria, 64 no resultaron admitidos a la tramitación exprés por incumplimiento de los requisitos legales, en 44 casos las empresas desistieron de este procedimiento y en otros 4 no hay información disponible sobre el sentido de la resolución. Los 26 casos restantes están aún en fase de solicitud.

Además, el interés de la industria renovable ha bajado, ya que 66 proyectos han optado este año por la tramitación ambiental exprés respecto a los 128 solicitados en 2022 y los 83 de 2023.

“Los 33 meses de tramitación ambiental exprés han demostrado que la participación ciudadana no es la responsable de los retrasos en la tramitación de las plantas renovables. De hecho, tan solo se han evaluado por la vía exprés 3,5 proyectos al mes, muy lejos de la agilización masiva prometida por el Ejecutivo”, concluyeron las ONG ambientales.