La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural pospuso este lunes el nuevo Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Fitosanitarios por el rechazo de ocho comunidades autónomas.

Las organizaciones ecologistas aplaudieron la retirada del texto por su “ineficacia para afrontar la urgencia ambiental y de salud pública”, y exigieron rehacerlo.

Las autonomías que tumbaron el texto alegaron un exceso de ambición ambiental y falta de un estudio "serio" del impacto que su aplicación tendría en el sector agrícola.

Sin embargo, las entidades ambientales apuntaron que “la sostenibilidad agraria, la soberanía alimentaria y la salud requieren justo lo contrario”.

“El nuevo borrador debe incluir metas más contundentes para reducir de manera eficaz y realista el uso de plaguicidas en un 50% de aquí a 2030, tal como proponen las estrategias europeas ‘De la Granja a la Mesa’ y de Biodiversidad”, añadieron.

Aunque las autonomías alegaron que España alcanzará pronto estos objetivos europeos de reducir el 50% el uso de plaguicidas, las ONG consideraron que “no tienen en cuenta que no todos los plaguicidas realmente empleados se contabilizan, por estar sujetos a secreto estadístico”.

Añadieron que tampoco se considera el efecto ‘cocktail’ derivado del empleo combinado de varios agroquímicos y afearon la posición de esas comunidades por “simplista y maniquea” pues, según indicaron, “hasta ahora la supuesta reducción lograda en el empleo de pesticidas es solo una reducción sobre el papel”.

MÁS AMBICIÓN

Por otro lado, las organizaciones apuntaron que la propuesta legislativa tiene que partir de la “alarmante situación” que refleja el reciente Informe de Calidad de las Aguas (2010-2023) del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que revela que un 30% de las estaciones de control superan los límites legales de plaguicidas en aguas superficiales.

Además, debe considerar los estudios científicos que vinculan estos productos de síntesis con enfermedades como cáncer, diabetes y trastornos neurológicos, así como incorporar las advertencias de instituciones internacionales como la FAO, que relacionan la producción de 8 de cada 10 cultivos con polinizadores amenazados por la intensificación en el uso de agrotóxicos.

Igualmente, consideraron que el nuevo plan debe tener entre sus prioridades prohibir “de manera inmediata” los plaguicidas más peligrosos e impulsar zonas libres de compuestos químicos de síntesis en espacios sensibles (por ejemplo, colegios, hospitales...).

Otras propuestas es que el texto establezca sistemas públicos de asesoramiento a personas agricultoras para apoyar la transición, impida los usos no agrícolas del glifosato -en calidad de herbicida potencialmente cancerígenos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y pasar una Evaluación Ambiental Estratégica.