Estas cuatro asociaciones han solicitado al tribunal que inste a la Consejería de Medio Ambiente de la región a retirar las graveras "ilegales" que se asientan en las zonas "más sensibles" de este espacio protegido de más de 31.000 hectáreas.

Además, exigen al Gobierno de Aguirre "que cumpla con la ley del Parque Regional del Sureste y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de este espacio protegido" y clausure o traslade las explotaciones mineras que se localizan en zonas "incompatibles".

"Durante todo este tiempo", se quejan, "la Consejería de Medio Ambiente ni siquiera ha contestado" a sus requerimientos.

Los ecologistas aseguran que ésta es "sólo la primera" de una serie de actuaciones legales que prevén. "Es lamentable que haya que recurrir constantemente a la Justicia para que la Consejería de Medio Ambiente cumpla con su obligación de conservar los espacios protegidos y acabar con la permisividad de usos contrarios a la legislación ambiental", concluyen.