En noviembre de 1989 y marzo de 1991, la FEPG presentó ante la Agencia de Medio Ambiente (AMA) andaluza sendas denuncias en relación con estos residuos.

Sin embargo, la AMA desestimó la acusación de los ecologistas por considerar que los lodos a los que hacían referencia no eran tóxicos. El comunicado de los conservacionistas insiste, no obstante, en que entre los fangos ha sido detectada la presencia de aceites usados, cromo, plomo y cobre, "todos ellos considerados productos tóxicos y peligrosos".

Los ecologistas argumentan, además, que es "inaceptable" la ubicación de estas sustancias en una zona próxima a la carretera que une la nacional IV con el puente de José León de Carranza, ya que existen "serios riesgos de combustión y contaminación de la Bahía de Cádiz".

Asimismo califican de "ilegal" el transporte de estos productos al vertedero de San Fernando de Henares (Madrid), ya que, a su juicio, no cumple los requisitos que exige la normativa existente al respecto.

La FEPG exige que los desechos sean sometidos a pruebas de ecotoxicidad, adquieran la consideración de residuos tóxicos y peligrosos y que la General Motors y el Ayuntamiento de Puerto Real desmantelen "este provisional e inocuo" verterdero.