Las principales organizaciones regionales de defensa de la naturaleza han desencadenado una campaña con la que pretenden conseguir un marco regulador de la actividad minera extractiva en esta comunidad autónoma.

El informe explica que la necesidad de materias primas requeridas para la construcción de autovías, circunvalaciones, pentes, encauzamientos y urbanizaciones, genera una intensa apertura de canteras en toda la región.

Según la información de "Quercus", pequeñas empresas locales se apuntan al lucrativo negocio de la actividad extractiva que, al no estar planificada por la Administración, apenas exige requisitos mínimos que cumplir, y que muchas veces incluso son obviados.

Esa falta de regulación en materia de minería en Murcia, ha provocado la proliferación de solicitudes de licencias de apertura de canteras ilegaes.

Para los ecologistas murcianos, es preciso que la Administración establezca medidas de control, que definan las áreas de mayor interés medioambiental, en las que no cabría autorizar ningún tipo de explotación, y las zonas de menor valor naturalístico, donde sí se podrían realizar explotaciones.

Los conservacionistas se muestran indignados por la existencia de canteras ilegales promocionadas por un sector empresarial "con un importante historial delictivo", especializado en la apertura sistemáica de explotaciones sin contar con las licencias oportunas.

Las mismas autoridades competentes, según "Quercus", reconocen su incapacidad para atajar la proliferación de canteras ilegales. Mientras tanto, los ayuntamientos se mueven entre el desconocimiento, la apatía y la complicidad.

Por otro lado, los planes de restauración raramente son cumplidos. En el caso de las canteras paralizadas por la Administración, las autoridades no se exigen a la empresas la restauración de la zona dañada.

Sgún los ecologistas, la evaluación de impacto ambiental suele ser un mero trámite administrativo, otras veces una "chapuza" para contentar a la empresa y raramente se establece un adecuado modelo de participación ciudadana con los vecinos afectados.