La iniciativa, que necesitaba contar con el respaldo de mdio millón de firmas para que la debatiera el Parlamento, contemplaba la prohibición de la producción y utilización de energía de origen nuclear en nuestro país.

Sin embargo, del total de firmas que recogieron las organizaciones conservacionistas durante los seis meses de plazo que otorga la ley, sólo les fueron contabilizadas como válidas 472.864.

La Comisión Promotora de la iniciativa solicitó una prórroga de tres meses, opción prevista en la ley orgánica que regula este tipo de acciones, pero a Mesa del Congreso de los Diputados denegó la petición, por considerar que no concurría el requisito de causa mayor que exige la ley.

Los conservacionistas recurrieron esta decisión ante el Tribunal Constitucional, que ha dictado un auto desestimando el recurso, lo cual demuestra, a juicio de algunos miembros de la Cean, el apoyo que este tribunal presta a algunas de las decisiones del Gobierno.

En el recurso, los ecologistas enumeraban una serie de trabas e irregularidades que aseguraban les haían impedido recoger con normalidad las firmas necesarias.

Según la Comisión Promotora, la Junta Electoral Central les obligó a reflejar el domicilio completo y el municipio y la fecha de nacimiento de los firmantes, cuando la ley pide el nombre, el DNI y el municipio donde están censados.

Además, afirma que el Ministerio de Justicia puso diversas trabas burocráticas durante los procesos de tramitación para la obtención de los certificados de penales para los fedatarios.

Finalmente, insistenen que la Mesa del Congreso retrasó la fecha de inicio de la recogida de firmas, "incumpliendo los plazos que establece la ley".