Así se recogió en la Asamblea de Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (conocida por ISA en sus siglas en inglés), celebrada en Kingston, en Jamaica, donde se reivindicó una moratoria de la minería submarina en aguas internacionales, solicitando una “pausa” que frene el avance de esta actividad. Esta demanda se produce en un momento crítico, en el que varios Estados pretenden forzar que se autorice el inicio de la explotación en 2023.

Los ecologistas pidieron que se predique con el ejemplo y se adopte una prohibición de la minería en aguas bajo jurisdicción nacional, excluyendo explícitamente la posibilidad de realizar esta actividad en Áreas Marinas Protegidas y Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica.

El inicio de la minería submarina, alertaron desde las organizaciones ecologistas, tendría consecuencias devastadoras para los ecosistemas marinos, la capacidad de captura de carbono de los océanos y la biodiversidad de toda la columna de agua, incluidas las poblaciones de peces que forman parte de la alimentación humana.

España ha apoyado la propuesta de Chile, secundada también por Costa Rica y Brasil, para reconsiderar la norma que forzaría el otorgamiento de los primeros permisos el próximo año, mientras que los países de la Alianza Global de Países por una Moratoria de la Minería Submarina, de la que ya forman parte Palao, Fiji y Samoa, defienden el establecimiento de una moratoria.