Todos los partidos políticos de Cádiz, excepto el PSOE, expresaron ya su indignación por esta medida y solicitaron la intervención de los parlamentos central y autonómico para evitar su aplicación.

Para la asociación ecologista, la supresión de estos servicios es "una consecuenca más de la política demencial del Gobierno". Se pronuncia además a favor de potenciar el ferrocarril como medio de transporte colectivo para propiciar el ahorro energético.

Según los conservacionistas, las inversiones ferroviarias de los últimos años han sido destinadas en sus dos terceras partes al Tren de Alta Velocidad (TAV), en detrimento de las líneas convencionales.

Señalaron que en la última década han sido cerrados mil kilómetros de vías férreas por falta de rentabilidad y los 5.000 que ún quedan en funcionamiento están "gravemente amenazados por esa política megalómana".

Según la asociación, Renfe tiene un déficit de 200.000 millones de pesetas originados principalmente por la necesidad de inaugurar el TAV antes del comienzo de la Expo-92.

Para Araucaria, el TAV no es rentable por lo elevado de su precio, inaccesible para la mayoría de los españoles, y apuntan que el verdadero motivo de la suspensión de las dos líneas citadas responde a la necesidad de obligar a los usuarios a tilizarlo ante la inexistencia de trenes más baratos.

Añadieron que de las 24 ramas previstas del TAV sobran la mitad y que de las 75 locomotoras de gran potencia encargadas a Siemens, 60 serán construidas con el ancho de vía español.

Asimismo, denunciaron que la construcción de la nueva línea ha supuesto la destrucción del medio ambiente en los montes de Toledo y Sierra Morena y del patrimonio arqueológico de Córdoba.