Estas organizaciones defendieron en un comunicado conjunto la necesidad de agilizar la tramitación de las energías renovables donde se asegure un impacto ambiental no adverso de estas, como en zonas urbanizadas, urbanizables o industriales, entre otras.

Sin embargo, consideraron “imprescindible” que el nuevo procedimiento exprés de aprobación de plantas renovables no se aplique sobre áreas donde los impactos para la naturaleza pueden ser “críticos e irreversibles” y que, en cualquier caso, se garantice la posibilidad de participación de la ciudadanía desde el inicio de los procedimientos de evaluación ambiental, tal y como marca la normativa de la UE y el Convenio de Aarhus.

Las cinco organizaciones expresaron su preocupación sobre la falta de garantía que puede conllevar el procedimiento de tramitación abreviado para autorizar plantas renovables (fotovoltaicas de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW, ubicadas en tierra, en áreas de sensibilidad ambiental baja y moderada identificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y fuera de áreas de la Red Natura 2000) que recoge el Real Decreto-ley 6/2022, por el que se regulan medidas urgentes del plan de choque frente a la guerra de Ucrania y cuya convalidación será debatida próximamente en el Congreso de los Diputados.

En su actual redacción, este nuevo proceso permitirá a la Administración determinar, sin participación ciudadana, si una determinada planta de generación de electricidad renovable necesita pasar por Evaluación de Impacto Ambiental (tal y como debería hacer en caso de tramitación normal) o no (en el caso de que reciba informe de determinación de afección ambiental favorable) para las plantas en las zonas de baja y moderada sensibilidad ambiental identificadas por Transición Ecológica.

“Esto abriría potencialmente la puerta a la autorización de proyectos con alto impacto ambiental sin las garantías mínimas, tanto de consulta pública como de evaluación de impacto ambiental, algo especialmente relevante en las zonas de sensibilidad moderada, que incluyen hábitats de interés comunitario o zonas críticas para la conservación de especies tan amenazadas como el águila imperial ibérica, el urogallo cantábrico o especies agroesteparias en grave declive como el sisón y la codorniz común, entre otras. De mantenerse esta redacción, el nuevo procedimiento podría facilitar la destrucción de este tipo de espacios, ya muy amenazados”, apuntaron.

PLANIFICACIÓN ADECUADA

Las ONG ecologistas solicitaron que el nuevo procedimiento para agilizar la tramitación de determinadas plantas renovables se limite a zonas de baja sensibilidad ambiental fuera de espacios naturales protegidos y zonas de alto valor ecológico, como humedales recogidos en el inventario nacional y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras.

Además, llamaron la atención sobre el hecho de que el nuevo procedimiento elimina la participación de la ciudadanía en el inicio del proceso, lo que podría contravenir la normativa sobre impacto ambiental de la UE -que garantiza la participación real del público interesado desde que comienza la tramitación- y el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio de Aarhus, del que España es parte.

Por ello, las ONG ecologistas instaron al Ejecutivo a incluir el trámite de audiencia pública para poder analizar los posibles impactos de los proyectos y trasladar su valoración a la Administración pública antes de que ésta adopte una decisión. “De lo contrario, se estarían aprobando proyectos con potencial impacto ambiental -y que pueden conllevar la expropiación forzosa de los terrenos-, sin las suficientes garantías procedimentales y sin dar la palabra a las personas y comunidades afectadas en el momento adecuado”, apostillaron.

Desde hace más de dos años, las ONG vienen reclamando a los Gobiernos central y autonómicos una planificación adecuada del desarrollo de energías renovables, con mapas que identifiquen zonas de exclusión y zonas prioritarias (especialmente en suelo urbano o urbanizable, así como industrial).