Loyola de Palacio sugirió ayer en Madrid que el actual sistema de sanciones fijado en el Acuerdo de Kioto podría sustituirse por otro de incentivos y añadió que la UE "tiene que poner fechas límites para ver si se sigue manteniendo la normativa actual". La industria española estima que la puesta en marcha del Protocolo tendrá un coste de entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año a partir del próximo ejercicio.

En declaraciones a Servimeia, Ecologistas en Acción, que representa a más de 300 grupos de ámbito estatal, opinó hoy que la vicepresidenta de la Comisión "está ejerciendo de portavoz" de las empresas para evitar las sanciones que muchas de ellas deberán afrontar por no haber reducido sus emisiones, al justificar la invalidez del actual modelo por atentar contra la competitividad.

A este respecto, acusaron a De Palacio de "cargarse el Protocolo con la excusa de que Rusia no firmará el acuerdo" y calificaron de "inaceptable" el uevo enfoque de Kioto, que plantea un sistema de incentivos para reducir la contaminación, en lugar del actual sistema de sanciones.

OBJETIVOS DIFICILES

Además, la confederación ecologista criticó las manifestaciones realizadas la semana pasada por la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, en las que consideró "muy difícil" cumplir los objetivos de emisiones de emisiones de CO2 en España, ya que en 2003 se ha incrementado el volumen de gases contaminantes en un 38%.

Esta organización afimó que desde 1996 ha aumentado cada año la emisión de CO2 en España "de forma espectacular", por lo que criticó el "cinismo" del Gobierno por calificar de "ambiciosos" los objetivos de reducción de gases.

"Es normal que el Gobierno popular intente ahora cambiar los reglamentos y las leyes ratificadas por el Parlamento español, ya que no han hecho nada para reducir las emisiones. Están intentando preparar el terreno para terminar diciendo que España no podrá cumplir con Kioto", concluyó Ecologistas en cción.